Con «rigor y valentía», por «sensatez, obligación y responsabilidad» y «con mucho dolor». Así justificó ayer el Gobierno local de Gandia, formado por los grupos del PSPV-PSOE y Més Gandia, la espectacular subida de impuestos y aún más contundente recorte en gastos que se aplicará a partir de ahora para hacerse cargo de la herencia económica que hace un mes recibió de la anterior legislatura y que supera los trescientos millones de euros. Según datos del interventor, el anterior Gobierno del PP no ha dejado dinero y se debe, entre facturas a proveedores y sentencias de obligado cumplimiento, 64 millones de euros.

Para los ciudadanos de Gandia lo más trascendente de este Plan de Ajuste Económico que se ha consensuado con el Ministerio de Hacienda es la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en un 24 %, casi el tope permitido por la ley, así como la subida de entre un 14,8 % y un 44,5 %, según los modelos, en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. De esta última subida solo se salvan las motos de hasta 125 centímetros cúbicos.

Hasta 7 millones al año

Con esas medidas, el Ayuntamiento de Gandia recaudará entre seis y siete millones de euros más al año que con el actual régimen impositivo. Además, quedan anuladas todas las ordenanzas que preveían reducción de impuestos por distintos motivos. Desde ahora, y salvo excepciones relacionadas con situaciones de emergencia social o familiar, todos pagarán por igual.

Poco más puede hacer el ayuntamiento para lograr otros ingresos extra, salvo que se pedirá a la Diputación de Valencia, a la Generalitat y al Gobierno de España que tengan en cuenta la dramática situación económica de la ciudad y que, en la medida de sus posibilidades, la ayuden a salir a flote de la que sin duda es la peor situación financiera de todo el periodo democrático, y, posiblemente, desde la posguerra.

Al margen de recaudar más, el segundo capítulo aprobado ayer contempla un tijeretazo brutal a los gastos municipales. El nuevo Gobierno local que dirigen Diana Morant y Lorena Milvaques se ha comprometido con el Gobierno de España a reducir un 5 % el gasto en personal, a pagar menos a los grupos políticos municipales y a los concejales, y a obligar a los funcionarios y personal laboral a jubilarse a los 65 años y no cubrir su plaza a no ser que sea estrictamente necesario para el funcionamiento del ayuntamiento.

Se tendrá que reducir la factura de los servicios de limpieza, de luz, de jardines y de la recogida de la basura, y se cerrará la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG), que el año pasado chupó casi catorce millones de euros del ayuntamiento. Y, finalmente, se obliga a que servicios públicos como la retirada de coches de la grúa municipal, el transporte público de l'Urbanet, el servicio de alquiler de bicicletas urbanas o las instalaciones deportivas se financien totalmente, en el plazo de tres años, con la recaudación de las tasas y los precios públicos.

Las asociaciones de Gandia, que tan generosamente han sido tratadas por anteriores gobiernos locales, tanto del PSPV-PSOE como del PP, ya se pueden ir despidiendo de los cheques que recibían a cuenta del dinero de todos los contribuyentes, dado que el nuevo Ejecutivo también ha incluido ese capítulo para no gastar lo que no tiene.