La empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG), ha facturado en los últimos años 880.000 euros por trabajos a la firma gandiense Construcciones Gomuñoz, una de las que están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en la presunta trama corrupta del llamado caso Púnica. Como informó Levante-EMV hace unos días, la Guardia Civil requisó el pasado 9 de junio contratos y documentos firmados por el Ayuntamiento de Gandia con esta mercantil, pero ahora el nuevo Gobierno local ha revelado que en IPG había otros contratos que suman la cantidad de 880.000 euros. Para la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, el exalcalde del PP, Arturo Torró, intentó «ocultar» esos contratos tanto a la Guardia Civil como al juez Velasco, lo que el aludido ha negado.
El nuevo Gobierno local ha decidido recopilar la documentación y remitirla a la Audiencia Nacional, por si sirve para aclarar la trama presuntamente corrupta que salpica a numerosos cargos públicos, la mayoría del PP, pero también de otros partidos, entre ellos el PSOE. Además, el Ayuntamiento ha decidido personarse en la causa judicial al considerarse una entidad perjudicada.
