El gobierno alcireño (Compromís, PSPV y EU) apremió ayer a la Universidad Católica San Vicente Mártir para que solvente las carencias en materia de seguridad del campus de Alzira que, según desveló el tripartito, pese a estar en funcionamiento desde el año 2007 no dispone todavía de la licencia de apertura. La coalición de izquierdas cargó contra el PP por haber permitido durante años esta situación y, a través de un comunicado, llegó a señalar que si la entidad académica no solventa las anomalías apuntadas por los técnicos el ayuntamiento se verá en la obligación de clausurar el campus «por no contar con las condiciones de seguridad, cosa que implica que los alumnos llevan ocho años en riesgo».
El concejal de Gestión Urbanística, Fernando Pascual, dijo haberse encontrado para la firma un expediente de notificación de la licencia de apertura que arranca en el año 2007. «No tiro la culpa a nadie, pero algo no está claro cuando un expediente se arrastra desde hace ocho años», indicó el edil. Se da la circunstancia que la UCV ocupa un edificio cedido por el propio ayuntamiento.
Fuentes de la UCV aseguraron tras conocer esta advertencia que de los once puntos que habían señalado los técnicos municipales que se debían corregir para obtener la licencia se han subsanado ya nueve mientras que los otros dos, indicaron, está previsto solventarlos en agosto, aprovechando que no hay actividad. Con todo, indicaron que el rector, José Alfredo Peris, se había puesto en contacto con el ayuntamiento y mañana se desplazará a Alzira para aclarar al gobierno municipal cualquier duda.
También el PP salió al paso de las afirmaciones del nuevo gobierno, valoró como «populista» la actuación del socialista Fernando Pascual y, por boca del anterior concejal de Urbanismo, Enrique Montalvá, argumentó que el tripartito descalificaba «gravemente» el trabajo de los técnicos municipales «ya que no es atribución del político gestionar los trámites para obtener un permiso o licencia». Montalvá señaló que «llama poderosamente la atención» que la coalición de izquierdas realice este requerimiento a la Universidad Católica «y no a otras empresas que nos consta que, a falta de alguna pequeña subsanación, no tienen todavía la correspondiente licencia de apertura». Montalvá emplazó al gobierno a decretar el cierre «si tan grave cree que es la situación creada por los técnicos».
Licencia pedida en enero de 2013
El comunicado del ayuntamiento, no obstante, detalla que la UCV pidió la licencia en enero de 2013 y que no existe ningún expediente que resuelva su concesión. Por este motivo, incide, el área de Gestión Urbanística ha requerido a la entidad para que subsane las deficiencias, que concreta en dos apartados: «Tiene que adecuar los recorridos de evacuación en la zona de la biblioteca, ya que superan los máximos y no se puede considerar la escalera como salida de planta y también tiene que revisar el sentido de apertura de las puertas de las aulas y, en el caso de que sea hacia el exterior, éstas no podrán invadir los itinerarios de evacuación», detalla.
Por otra parte, el consistorio indica que la UCV tiene que justificar el cumplimiento de los itinerarios de evacuación de los despachos de la primera planta. «Existen estancias situadas en esta planta que no se adecuan; se debe justificar que la puerta de salida al exterior cumple con la anchura necesaria y que las escaleras disponen de los pasamanos. Y lo que es más importante, se tiene que instalar la dotación de extintores y acreditar que las escaleras de evacuación disponen de los correspondientes pilotos de señalización».
Fernando Pascual señaló a Levante-EMV que entiende que se trata de defectos subsanables, que deberían corregirse antes de que se reanuden las clases. El gobierno municipal expone en su comunicado que no se puede permite que una institución educativa como la Universidad Católica «esté ejerciendo su labor de docencia haciendo caso omiso a la legalidad».
