Juana y Antonio limpiaban ayer su casa. Ahora ya pueden decir que es suya. Tras más de un año ocupando una vivienda de forma ilegal en Beniopa para poder dar un techo a sus cuatro hijos pequeños, y casi cinco años siendo los primeros en la lista de espera de los servicios sociales del Ayuntamiento de Gandia para recibir una vivienda social, ahora, por fin, vuelven a sonreír.
Ayer mismo, a mediodía, firmaban el contrato con el que ponían fin, en parte, a la angustia que han vivido en los últimos meses. Aún les queda, sin embargo, un duro trago. El próximo 8 de septiembre se enfrentan a un juicio porque una entidad bancaria, propietaria de la casa que ocuparon, les denunció y se inició contra ellos un proceso penal. Podrían condenarles a prisión.
«La verdad es que estamos muy felices porque nos veíamos en la calle», aseguraba ayer Juana a Levante-EMV. Saben que su nueva situación no anula el juicio que tienen pendiente. «La pena va a ser la misma pero, al menos, ahora ya tenemos un techo donde poder estar con los cuatro niños».
Sus hijos tienen entre 2 y 7 años, ellos 26 y 28 y ninguno de los dos tiene trabajo. Al vivir de forma irregular tampoco estaban empadronados en Gandia pero hoy mismo se inscribirán y, de ese modo, tendrán derecho, por fin, a recibir ayudas sociales municipales como son la renta garantizada y la de emergencia.
