El Gobierno local de Gandia tiene sospechas de que el PP de esta ciudad se financió ilegalmente a través de la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG). Así lo reveló ayer el presidente de esta mercantil, Vicent Mascarell, quien a última hora de la mañana presentó en el juzgado una denuncia para que se investiguen los hechos.
La sospecha se fundamenta en un correo electrónico que Cristina Serrano, asesora de IPG y cargo de confianza de Arturo Torró, le envió en diciembre de 2012 al gerente de la empresa pública, Gonzalo Morant. En esa comunicación un empresario se ofrece a «donar o regalar» 3.484 euros por servicios prestados al PP durante la campaña electoral de 2011 a cambio de que IPG le pague dos facturas pendientes por valor de 9.570 euros. En el correo electrónico revelado ayer Serrano pide a Morant que ese dinero se pague «de forma urgente» porque el empresario «está en una situación crítica».
Eso ocurría en diciembre de 2012, y al mes siguiente ya aparecen en la contabilidad de IPG pagos a esa misma empresa que, durante todo el año 2013, ascienden a 8.844 euros
El presidente de Consejo de Administración de IPG, el socialista Vicent Mascarell, consideró que este documento revelaría un posible delito y «el entramado de corrupción que se había instalado en el Ayuntamiento de Gandia con llegada del PP al Gobierno local durante la pasada legislatura.
Mascarell afirma que en estos correos se daban órdenes de «priorizar» el pago a ciertos proveedores municipales, siempre y cuando esa empresa condonara parte de la deuda contraída por el PP durante la campaña electoral de las municipales de 2011.
El presidente del Consejo de Administración de IPG también dijo que ha obtenido esa documentación gracias a que empresas y militantes del PP «han perdido el miedo y no temen hacer públicas estas situaciones».
Aunque esta primera denuncia se refiere a cantidades económicas por debajo de los diez mil euros, miembros del Consejo de Administración de IPG consideran que puede haber más casos, y por eso el presidente ha convocado para el lunes próximo una reunión en la que se estudiarán «acciones judiciales de mayor calado», lo que podría traducirse en una querella.
A esa reunión se citará a Gonzalo Morant, quien fue gerente de IPG desde mediados de 2012 hasta junio de 2015 y a quien, junto al exalcalde Arturo Torró, el actual Gobierno de Gandia sitúa en el centro de las operaciones presuntamente ilegales que ahora se están denunciando.
El PP lo niega y habla de «manipulación»
El exconcejal de Hacienda, Guillermo Barber (PP), negó todas las afirmaciones de Mascarell. «Son una gran mentira» y añadió que en el PP «no nos fiamos de los correos electrónicos» revelados, a pesar de que el empresario que aparece en los mismos, José Martínez de los Mozos, ya ha reconocido que son verídicos. Tras acusar al PSPV de haber podido manipular la documentación existente en los ordenadores de IPG, Barber dijo que, en el caso de que haya denuncia y se abra una investigación, el PP dará todas las explicaciones.
