El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valencia ha estimado el recurso presentado por la exconcejala Carlota Navarro, contra la exigencia del Ayuntamiento de Rocafort de que reintegre los gastos por su defensa en el caso del doble sueldo público por el que condenada en 2012. Por ello, el consistorio tendrá que reintegrarle a Navarro los 3.810 euros que la edil entregó a la administración local por usar el gabinete de abogados que tenía contratado el ayuntamiento.
Esos 3.810 euros son el dinero que gastó el consistorio „entonces gobernado por el popular Sebastián Bosch„ en la defensa de Navarro cuando el PSPV denunció en 2007 que la edil estaba cobrando dos sueldos: uno como diputada provincial y otro como concejala de Rocafort. En diciembre de 2012 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), obligó al ayuntamiento a exigirle a Navarro la devolución de los 24.000 euros que le había pagado desde 2003, así como los intereses legales de ese dinero. En ese momento ya gobernaba el PSPV que también le exigió a la regidora popular que pagase lo que había costado su defensa. En total, más de 27.000 euros que Navarro devolvió al consistorio aunque inmediatamente puso un recurso.
En su recurso a la resolución del ayuntamiento que le obligaba a asumir el coste de los abogados, Navarro argumentó, por ejemplo, que ella no recibió cantidad alguna que debiera reintegrar (el ayuntamiento pagó directamente a los letrados que la defendieron).
