La mayoría de ayuntamientos adheridos al sistema de fotorrojos de la Mancomunitat de l'Horta Sud incrementará el tiempo de la fase ámbar de los semáforos para intentar reducir las multas de tráfico que, desde el 1 de junio, han provocado una auténtica oleada de quejas ciudadanas en estas localidades: Catarroja, Sedaví, Massanassa, Picanya y Beniparrell. En cuatro meses el sistema, que graba y sanciona a aquellos conductores que se saltan los semáforos en rojo, ha impuesto 24.322 multas y, hasta el 31 de octubre, había recaudado 680.000 euros, un pequeño porcentaje de las sanciones, cuyo montante global supera los 4,8 millones de euros.
Las penalizaciones han levantado ampollas entre los infractores, que una vez «cazados» „algunos de ellos varias veces„ deben afrontar un desembolso de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carné de conducir. Los sancionados se han organizado en plataformas y han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas a través de Internet para intentar que se retire el sistema de fotorrojos.
Y algunos alcaldes lo harían si pudieran, pero no pueden. Porque rescindir el contrato supondría para sus ayuntamientos pagar indemnizaciones astronómicas (de hasta 800.000 euros) a la adjudicataria, algo que no parecen estar dispuestos a asumir.
Así que la mayoría (Massanassa, Catarroja, Sedaví y Beniparrell) ha optado por intentar minimizar los daños aumentando el tiempo en ámbar de los semáforos y, así, «dar capacidad de maniobra a los conductores», explica el alcalde de Beniparrell, Salvador Masaroca, de Compromís.
En su municipio la fase ámbar era de 2,8 segundos, «el mínimo que permite la ley», y desde hace dos semanas se ha incrementado hasta los cinco. Pese a que el mandatario aún no tiene datos, está convencido de que la medida dará resultados porque «se nota mucho la diferencia de tiempo».
En Massanassa, el alcalde, el popular Vicent Pastor, también ha extendido la fase ámbar de los semáforos «hasta los cuatro segundos», además de estudiar el cambio de ubicación de uno de los dos fotorrojos. Para él, el verdadero problema está en que «nadie pensó que hubiese tantas infracciones» y en «la excesiva cuantía de las multas». De hecho, insiste, «el sistema se aprobó tras un estudio que calculaba una tres multas al día en Massanassa»; sin embargo, hasta principios de octubre se han impuesto una media de 27 sanciones diarias en la localidad.
«Insultos y vapuleos»
En Sedaví, el mandatario, el socialista Josep Cabanes, también ha pedido incrementar la fase de ámbar y estudia modificar las situación de los fotorrojos aunque, de momento, ha apostado por «instalar una cartelería más grande para avisar de la existencia de las videocámaras».
El mandatario asegura estar «muy afectado» por la situación porque «mucha gente ha perdido los papeles», tanto que él mismo ha tenido que soportar los «insultos y vapuleos» de algunos infractores, quienes también «han llegado a ejercer violencia verbal con un funcionario municipal».
Y en Catarroja, la localidad más afectada con seis fotorrojos, el alcalde, Jesús Monzó, de Compromís, también ha anunciado ya que aumentará la fase de ámbar hasta los cuatro segundos «para intentar resolver el problema de las multas». El equipo de gobierno, que ha solicitado una reunión con la empresa gestora para conocer «la posibilidad de rescindir el servicio», también se plantea «convocar una consulta popular para que sean los vecinos los que decidan» qué hacer al respecto.
El único satisfecho con el nuevo sistema de fotorrojos es el mandatario de Picanya, el socialista Josep Almenar (junto con Vicent Pastor, los dos alcaldes que gestionan un servicio al que ellos mismos se adhirieron, no como el resto, que lo heredaron de los anteriores gobiernos del PP). Para Almenar, las sanciones han conseguido su objetivo: «Pacificar el tráfico» e incluso sacar circulación del casco urbano. En el caso de su localidad, de hecho, «el 80 % de las sanciones» se impusieron «a vecinos de otros municipios que, en vez de utilizar la ronda, cruzaban por el pueblo».
Tras la instalación en junio de las cámaras, las multas «se han reducido en más de un 80 %» porque «han tenido el efecto disuasorio esperado» y «se ha mejorado notablemente la seguridad de los viandantes, que era la prioridad del equipo de gobierno municipal».
