Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que acaba de fallar en contra de la Federación de Urbanizaciones del Camp de Turia (Fuctu), ha vuelto a poner de relieve el gran problema que padecen las urbanizaciones y consolidados de Llíria. La concejala del PP, Reme Mazzolari, a la sazón concejala de urbanismo hasta el pasado 24 de mayo, recuerda que de los más de 10.000 chalés y unifamiliares que existen en todo el término edetano, al menos 8.000 carecen de alcantarillado o depuradoras, por tanto, realizan vertidos de aguas residuales y fecales a pozos negros o fosas sépticas. «Esto significa una gran contaminación medioambiental», explica.
El fallo emitido por el TSJ, que condena a pagar 3.000 euros en costas a la federación vecinal, señala que la Ordenanza de Vertidos „que aprobó Mazzolari en octubre de 2012 cuando era concejal„ es legal e incluso necesaria para solucionar el problema existente en el municipio respecto a los vertidos. Tanto que la actual concejala de urbanismo, Elena Jiménez, de Compromís-MoVe, adversaria acérrima de Mazzolari, será quien tenga que hacerla cumplir, entre otros aspectos, con la exigencia a los miles de vecinos afectados de que construyan desde ya la red de alcantarillado.
En cuanto a quién tiene que pagar esa infraestructura, el TSJ sostiene que son los propietarios de esas 8.000 viviendas los que tienen que costearlo, bien por las cuotas de urbanización, mediante un canon, o por cualquier otro sistema que se elija. La demanda ahora rechazada fue presentada por Fuctu en 2013. Esta federación está en el origen de MoVe, partido político coaligado con Compromís y que gobierna en el ayuntamiento con el PSOE. Para Mazzolari, el fallo del TSJ avala sus tesis y deja en evidencia a Elena Jiménez. «Esta ordenanza „subraya„ ha traído años de polémica y crispación vecinal y ha sido utilizada como arma arrojadiza contra el PP por Compromis y MoVe». «El tripartito, el gobierno municipal„apunta„ tiene la obligación de hacer cumplir las leyes y deberá dar una solución al problema de la contaminación de los acuíferos: si no se tiene red de alcantarillado hay que instalar depuradora de oxidación total, y si no se hace, deberá aplicar el regimen sancionador que recoge la ordenanza», enfatiza.
De hecho, de las 39 urbanizaciones del entorno del Parc Sant Vicent de Llíria, sólo 7, cuentan con alcantarillado. «Las abordadas durante el mandato del PP», dice Mazzolari. El resto no disponen de él pese a que sí existe un colector que permite conectar y dejar de verter. Peor es la situación de las 27 urbanizaciones de la carretera de Casinos a Llíria, donde no hay colectores generales y donde se requiere «un traje a medida» para solucionar el problema.
