A sus 86 años, Dolores Benítez Collado, vecina de Massamagrell, está a punto de perder la casa en la que lleva viviendo desde hace décadas. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de esta localidad de l'Horta Nord ha ordenado el lanzamiento de la ejecución hipotecaria de Dolores para el próximo 20 de enero por el impago de un préstamo de 75.000 euros que solicitó su hija a un particular, al 29 por ciento de intereses más casi 24.000 euros en gastos de tramitación, tasas e impuestos.
Tal como figura en la diligencia de ordenación del desahucio, el desalojo de la casa de Dolores „que no sabe leer ni escribir„ se debe hacer «sin prórroga, ni consideración de ningún tipo» y a costa de la anciana. Francisco Albert, abogado de la anciana, preguntó a la Secretaria Judicial si esta «dura e inédita» diligencia de ordenación se había hecho «conforme a lo que manda la Ley», ya que, asegura, «el mandato lo hace un funcionario y la orden viene sin firmar». La secretaría del juzgado contestó diciendo que el mandamiento de posesión debía realizarse el 20 de enero «con todo el rigor».
El infierno que están viviendo Dolores y su familia se inicia en julio de 2008 cuando su hija pide 75.000 euros a un prestamista de Valencia. Según explica el abogado, la mujer recurrió a un particular por la «necesidad angustiosa» de contar cuanto antes con el dinero, porque su propia casa ya está hipotecada y por el convencimiento de que con su situación laboral y personal era imposible que una entidad bancaria aceptase concederle un crédito.
Minutos antes de entrar en el notario para firmar la documentación, el prestamista dio «en mano» a la solicitante 46.000 de los 75.000 euros que había solicitado ya que, según explica su abogado, en ese momento el prestamista ya recibía la primera devolución de 15.000 euros más un 20 % de intereses. Ya dentro del notario y acompañada por su hija, Dolores firmó dos letras: una de 1.500 euros a devolver en seis meses y otra de 73.500 euros a devolver en un año. En ambas letras figura la firma de la anciana pero son dos firmas con notables diferencias. «Dolores no sabe escribir y, más que firmar, lo que hace es dibujar sus iniciales „subraya su abogado„. Y, pese a eso, el notario acepta que el préstamo del dinero se haga entre la mujer y el prestamista "por razones de negocio"». «¿Qué negocio va a hacer una señora que no sabe leer ni escribir?», se pregunta Albert.
Lo que tampoco sabía Dolores eran las condiciones leoninas y difíciles de cumplir que tenía que aceptar y el peligro que se cernía sobre su vivienda si no lo hacía. En la misma acta notarial se recoge que Dolores «reconoce una responsabilidad de 141.000 euros» que, curiosamente, es la misma cantidad en la que se tasa el valor de su vivienda. Estos 141.000 euros son la suma de los 75.000 que adeuda al prestamista, más 43.500 euros correspondientes al 29 por ciento en el que se marcaron los intereses de demora, más 15.000 de costas y gastos de tramitación y 7.500 euros de otros gastos. Todo ello, y tal como figura en la hipoteca, a devolver en un año. Según Albert, es en el notario donde madre e hija se encuentran con la obligación de que firme dos letras de cambio con su casa como aval «sin saber a qué obedecía aquello pero sin poder renunciar ya que ya tenían parte del dinero en mano».
Según explica su abogado, la hija de Dolores puso a la venta su propio piso para con lo que obtuviera poder devolver el dinero al prestamista, más los intereses y gastos generados, sin que su madre perdiera la casa. Pero esto nunca ocurrió y a finales de 2009 la propiedad de la finca se había adjudicado automáticamente a una tercera persona a la que el prestamista le había transmitido las letras. Desde entonces, los distintos recursos interpuestos por el abogado de Dolores han ido retrasando el lanzamiento hasta el próximo 20 de enero.
