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Tribunales

Un tribunal obliga a Sagunt a anular la adjudicación del servicio jurídico por 730.000 euros

El concejal de Contratación, Pepe Gil, asegura que el problema es un «defecto de forma» y dice que estará resuelto en unos días

Un tribunal obliga a Sagunt a anular la adjudicación del servicio jurídico por 730.000 euros

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) ha obligado al Ayuntamiento de Sagunt a suspender cautelarmente el procedimiento de adjudicación por cuatro años, dos de ellos prorrogables, de los servicios de asesoría y defensa jurídica, cuyo presupuesto supera los 730.000 euros. El motivo de esta paralización es el recurso presentado por un gabinete de abogados como consecuencia de «un defecto de forma» en la tramitación, según apunta el concejal de Contratación, Pepe Gil, que llevó al TARC a paralizar el proceso «como medida provisional».

El edil de Compromís confía en que este asunto se resuelva «en unos días», después de la agilidad mostrada hasta el momento por el tribunal, ya que el 24 de febrero se presentó el recurso en el Servici Valencià d´Ocupació i Formació (Servef), el TARC se lo comunicó al ayuntamiento el 2 de marzo y, después de que el consistorio remitiera el expediente, el 7 de marzo se decretó la suspensión por deficiencias en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares. El levantamiento de esta medida se producirá cuando el tribunal administrativo resuelva el recurso.

La licitación de este contrato arrancó hace justo un mes con su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, mientras se agotaba la prórroga de la anterior adjudicación, que en abril de 2012 favoreció al despacho Cuatrecasas Gonçalves Pereira.

Siete ofertas en 2012

En aquella ocasión, la mejor oferta económica, presentada por Deloitte con una rebaja del 8,5 %, no se quedó con el contrato, ya que la puntuación del proyecto fue la que decidió el adjudicatario. J&A Garrigues, Noguera Abogados y Asesores, José Luis Lorente Tallada SL, Broseta Abogados y José Antonio Ramos Calabria fueron los otros despachos que pujaron por este contrato, que ascendía a los mismos 151.000 euros anuales, más el impuesto del valor añadido (IVA), que se reservan para la contratación ahora suspendida.

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