El juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de Gandia a indemnizar con 3.000 euros a un matrimonio por hacer caso omiso a las reiteradas denuncias de estos vecinos por las molestias que les causaba el ruido que emanaba del complejo de ocio Wonderwall, ubicado a escasos 200 metros de su vivienda. Así lo estipula una sentencia a la que ha tenido acceso este periódico y que señala que durante los veranos de 2013 y 2014, cuando gobernaba el PP en la ciudad de Gandia, el ayuntamiento mostró una «actitud pasiva» ante los constantes requerimientos que este matrimonio había realizado al no poder descansar en su vivienda hasta altas horas de la madrugada por culpa del alto volumen al que escuchaban la música del recinto.
Durante la vista, los denunciantes presentaron como prueba las mediciones de los decibelios que llegaban hasta la vivienda elaboradas por una empresa contratada con sus propios medios «que concluye que los valores obtenidos para las magnitudes a evaluar, en relación al ruido ambiental, no cumplen con las exigencias establecidas en distinta reglamentación», dice la sentencia.
El juez es claro al apuntar que la administración que dirigía el popular Arturo Torró «no desplegó actividad suficiente» para acabar con el problema que perturbaba la vida de este matrimonio, que, a lo largo de esos dos años, había presentado instancias y había llamado reiteradas veces a la policía para que realizara mediciones.
La sentencia va más allá y apunta que el marido, aquejado de un «trastorno depresivo crónico» desde 1996 «ha empeorado» debido a que su enfermedad «se mantiene de forma agravada por el estrés». Explica el juez que ha sido necesario un aumento de la medicación debido a que el hombre no puede descansar adecuadamente debido al ruido al que está expuesto en su propio domicilio.
El recurso presentado por la familia solicitaba la anulación del decreto que el exalcalde del PP, Arturo Torró, firmó el verano de 2014 para ampliar el horario de apertura del Wonderwall hasta las 6 de la mañana y también que se procediera al cierre definitivo del local, cuestiones ambas que fueron desestimadas por el juez.
Cambio con el nuevo gobierno
De la lectura de la resolución se sobreentiende que el juez descarga toda la responsabilidad de la pasividad ante las quejas de estos vecinos a la administración que dirigía Arturo Torró. La magistrada recuerda en sus conclusiones que «no es hasta el 20 de julio de 2015 cuando se acuerda la imposibilidad de la mercantil Music Resort SL de continuar con el ejercicio del derecho a celebrar conciertos y eventos musicales». Ese día, el Gobierno local de Gandia, ya en manos del PSPV y Més Gandia, acordó dejar sin efecto la declaración responsable con la que la empresa operaba debido a que el terreno en el que se celebran las fiestas, la terraza del hotel, no dispone de Declaración de Interés Comunitario (DIC), en tanto que se trata de una zona no urbanizable.
