El alcalde de Zarra achaca a una venganza política el juicio que lo sienta en el banquillo

El alcalde de Zarra, Juan José Rubio, defendió ayer que «nunca dio instrucciones» a la mesa de contratación para que adjudicaran a la empresa de su hijo una parcela de titularidad municipal, y añadió que se le adjudicó porque fue la única firma que se presentó a la subasta. La sección quinta de la Audiencia Provincial celebra desde ayer el juicio contra el alcalde (de la Agrupación de Electores Por Zarra) por un supuesto delito de fraude, prevaricación y falsedad documental.

Rubio está procesado por vender a bajo precio dos parcelas municipales a la sociedad mercantil Telyzan, SL, propiedad de su hijo, Sergio Rubio, y de la que el propio alcalde fue administrador único meses antes. El regidor, en declaraciones a Levante-EMV, achaca la denuncia a una «venganza política de una persona a la que han tenido que tirar del pueblo», explica en referencia a la concejala del PP, Rebeca Gozálvez, que denunció los hechos.

La fiscalía solicita, en su calificación provisional, ocho años de prisión y veintidós de inhabilitación para el regidor, al que imputa un delito continuado de fraude (como autor) y dos de falsedad (inductor) relacionados con la venta de una parcela y un inmueble de titularidad municipal a la empresa de su hijo.

Según el Ministerio Fiscal, el alcalde vendió a su hijo estas propiedades por un precio muy inferior al del mercado con la supuesta connivencia de tres concejales, la secretaria del ayuntamiento y el arquitecto, todos ellos acusados, junto al hijo del alcalde, en esta causa. Los tres concejales y su hijo se enfrentan también a tres años de prisión como cooperadores necesarios del delito de fraude y a diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El fiscal pide para la secretaria municipal ocho años de cárcel por fraude y falsedad documental y cinco años para el arquitecto por falsedad. El Ministerio Público sostiene que Rubio ha causado un «evidente y grave perjuicio a las arcas municipales» al vender los dos terrenos de propiedad municipal a una empresa de su hijo por un precio -36.060 euros- inferior a su valor -190.150 euros-, por lo que el ayuntamiento dejó de ingresar 154.090 euros.

Rubio explica que contaba con «autorización del pleno para venderlas» mediante subasta, y que la finca conocida como La Nave, que forma parte del litigio, «ni siquiera está a nombre de mi hijo y ha sido embargada por la Mancomunidad del Valle de Ayora que lleva 12 años inactiva».