La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal para determinar si se ha incurrido en algún tipo de delito en el polígono ST 1 de Llíria, tras denunciar una vecina que hay al menos una decena de empresas que carecen, presuntamente, de licencia de funcionamiento. La Fiscal Jefe Teresa Gisbert ha comunicado a la denunciante que ha incoado diligencias de investigación penal y designado fiscal instructor para llevar a cabo las pesquisas.
Tal como publicó Levante-EMV, el pasado mes de febrero una vecina presentó en Valencia una denuncia dirigida al ministerio fiscal en la que aportaba documentación municipal que previamente había solicitado y conseguido en el ayuntamiento de Llíria. En estos documentos oficiales del consistorio edetano se revela que a fecha de 29 de diciembre de 2015, al menos 10 de las 17 empresas ubicadas en el ST 1, el polígono ubicado a la salida de Llíria en dirección a Benissanó, carecían de licencia de actividad o de funcionamiento. Según el escrito aportado a la fiscalía, una decena de negocios están, supuestamente, en un limbo legal, dado que están pendientes de licencia de funcionamiento o de apertura; en otros han realizado una declaración responsable que está pendiente de conformidad municipal, y en otras dos empresas, no consta que se haya solicitado la licencia. Las firmas afectadas que, presuntamente, y siempre según el informe municipal sobre el ST1, carecen de licencia son: un supermercado, una estación de servicio, un restaurante, otra estación de servicio con lavadero de vehículos, una tienda multiprecio, un establecimiento de venta de semilla y abonos, unos viveros, una tienda de carnes y charcutería, una fábrica de productos de plástico y otra de matricería. Cabe recordar que el propio alcalde de Llíria, Manolo Civera, reconoció a este diario que en esta zona industrial hay actividades sin licencia porque las obras de urbanización no están acabadas y no se pueden otorgar permisos definitivos. Civera „ver Levante-EMV del 7/3/2016„ recordó que el sector se desarrolló con el anterior equipo de gobierno del PP liderado por el alcalde Manolo Izquierdo y la concejala Reme Mazzolari. Civera ha anunciado que encargará una auditoria aunque dijo: la mayor parte de las actividades «son legalizables».
