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Tribunales

El TSJ anula la sanción a un director de colegio tras año y medio inhabilitado

El tribunal considera que la decisión de la conselleria de apartar a un profesor de Enguera contravino la ley

Después de cumplir 18 meses de inhabilitación y de pasar los dos últimos años de su extensa trayectoria como docente «en el exilio», vagando por diferentes destinos, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha anulado la sanción que la Conselleria de Educación impuso en 2010 al exdirector del colegio público Eduardo López Palop de Enguera, Virgilio Perona, por considerar «disconformes a derecho» las resoluciones que lo suspendieron de todas sus funciones y lo apartaron de la dirección del centro después de 20 años en el cargo.

La Dirección General de Personal del gobierno autonómico imputó a Perona una «falta continuada de carácter grave» por la emisión de informes y la adopción de acuerdos supuestamente irregulares entre los años 2006 y 2008.

La sentencia del TSJ, que no admite recurso, invoca una doctrina sentada en diferentes pronunciamientos judiciales para concluir que la decisión de la conselleria careció de cobertura legal. La sala de lo contencioso recalca que, con la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en 2007, quedó derogado el decreto de 1986 que aplicó Educación para apartar a Perona del puesto, que regulaba una norma «meramente reglamentaria, abierta y frontalmente incompatible con las exigencias de reserva de ley en materia disciplinaria».

Una vez invalidada la fórmula empleada para castigar al exdirector, los magistrados no entran a valorar los hechos que se le imputaban ni la petición de absolución y de indemnización por daños y perjuicios realizada por la defensa, cuestiones que exceden las competencias del tribunal. Sin embargo, el fallo sí hace hincapié en que la anulación de las resoluciones recurridas tiene «naturales consecuencias económico-administrativas» que han de resolverse por otras vías jurisdiccionales. De hecho, el exdirector expone que ya ha visto reconocido el derecho a ser resarcido económicamente por el tiempo que pasó suspendido de empleo y sueldo.

El cese de Perona se produjo bajo el mandato del conseller Alejandro Font de Mora, en un contexto de elevada tensión entre la comunidad educativa por los recortes de la Generalitat. La sanción despertó una amplia corriente de apoyo que movilizó a cientos de personas en una manifestación por las calles de Enguera.

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