La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia ha pedido el procesamiento del actual conde de la Vallesa de Mandor, Enrique Trénor y Lamo de Espinosa, y del encargado de la finca entre 2003 y 2006, Bartolomé Soriano, de un delito continuado de maltrato animal por el envenenamiento de al menos siete perros por la presunta colocación de cebos envenenados en el citado paraje próximo al Parc Natural del Túria.
El juzgado de lo penal número 17 ha citado a B. Soriano y a E. Trénor al juicio oral en el que figuran como denunciantes varios vecinos de l'Eliana y Paterna que vieron morir a sus perros envenenados por ingerir cebos depositados en las proximidades de la emblemática finca, el Ayuntamiento de l'Eliana y la Sociedad Protectora de Animales y Plantas.
Según el escrito del fiscal al que ha tenido acceso Levante-EMV, el acusado, Bartolomé Soriano, que «al menos» entre 2003 y 2006 era encargado de la finca Vallesa de Mandor, en la Canyada, depositó «en la zona que tiene acceso toda la población» y «con el ánimo de causar mal a canes ajenos», cebos que contenían Temik de 10 gramos, que es una formulación de Aldicarb, una sustancia prohibida por la Unión Europea desde 2003.
«Se trata„dice el fiscal„ de un producto tóxico tanto para el hombre como para la fauna terrestre y acuática, de manera que tan solo 50 mg producen la muerte». Y añade que la «diseminación de dicha sustancia en el medio ambiente, sola o en combinación con otros biocidas, sin un control por parte del personal autorizado y para usos distintos a los permitidos supone un grave riesgo para la fauna».
El Fiscal inculpa al actual conde de la Vallesa de Mandor argumentando que Enrique Trénor Lamo de Espinosa «era sabedor de la actuación llevada a cabo por su empleado, mostrando conformidad con la misma».
Según datos recabados por la Fiscalía y basados en denuncias y en la investigación abierta por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, los cebos colocados fueron ingeridos por perros que paseaban por la zona abierta de la Vallesa junto a sus propietarios.
Siete perros valorados a efectos jurídicos en unos 300 euros cada uno, aproximadamente, murieron por la ingestión de Aldicarb en medio de dolores horribles provocados por cólicos abdominales, diarreas, etc. en un corto periodo tras la ingesta, según certifica el forense.
Para el fiscal, tanto el encargado como el propietario «son responsables en concepto de autor» de un presunto delito continuado de maltrato animal por el que pide hasta tres años de prisión, inhabilitación para el voto por el mismo periodo y que durante tres años no puedan ejercer su profesión, además de una multa de 14.400 euros y el pago de indemnizaciones a los propietarios de los perros.
