Las horas de la última de las cuatro canteras que operaban en Riba-roja de Túria están contadas. El ayuntamiento ha ordenado su cierre tras expirar el pasado 31 de diciembre la licencia administrativa para la extracción de piedra y tierra en la partida del Pla de Totxar, en el sur del municipio.
La junta de gobierno local ha aprobado el requerimiento a la mercantil Aristaria, la propietaria de la cantera, del cese de su actividad, además de la inmediata restauración de la zona en la que, según fuentes municipales, ha operado durante más de dos décadas con la extracción de más de 34 millones de toneladas de tierra y piedra.
La compañía propietaria de la cantera comenzó su actividad en esta zona cercana a las áreas residenciales de la Llobatera y Masía de Traver hace más de 20 años, aunque según fuentes municipales no fue hasta 2003 cuando se firmó el convenio para que funcionara como planta de hormigón como actividad principal. Asimismo, un informe municipal asegura que la licencia de trituración de áridos no se aprobó de forma definitiva hasta febrero de 2008, la de extracción de piedra caliza hasta enero de 2005 y la de planta de hormigón hasta junio de 2009.
El consistorio de Riba-roja ha sustentado su decisión en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y un nuevo fallo del Tribunal Supremo que aceptan y avalan un recurso del ayuntamiento en contra de una resolución de la Conselleria de Medio Ambiente en la que concedía a la mercantil la declaración de interés comunitario para la cantera por un período de 15 años.
Para los magistrados tanto del TSJCV como del Tribunal Supremo, ese plazo de 15 años no estaba justificado, los accesos a la cantera no estaban definidos y, en su momento, no se respetó la distancia mínima de seguridad de 50 metros de las instalaciones respecto a los restos arqueológicos de Porxinos.
El alcalde, Robert Raga, explicó que esta medida contribuye a cumplir «el compromiso con todos los vecinos de velar por el respeto a la legalidad vigente y por ello ordenamos el cese de la actividad ya que se ha cumplido con creces el plazo para el que tenía concedida la licencia municipal». «Durante años estas actividades han producido un enorme impacto ambiental en nuestro entorno y ahora es el momento de reponerlo», añadió.
