La Diputación de Valencia ha reclamado al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria el pago de 575.865 euros que la administración local no ingresó en el organismo provincial entre los años 1999 y 2014, tal como ha confirmado el actual alcalde de la población Robert Raga a Levante-EMV. La reclamación está relacionada con la parte proporcional que el ayuntamiento debía transferir a la diputación en concepto del impuesto de actividades económicas (IAE) correspondiente a las empresas de la localidad, aclara el munícipe socialista.

El gobierno local de Riba-roja de Túria „formado por PSPV, Compromís y EU„ y la corporación provincial han llegado a un acuerdo que permitirá a las arcas municipal «satisfacer el pago de los 575.865 euros en cuatro plazos, entre los años 2016 y 2019 y sin que se tengan que abonar, además intereses por el aplazamiento del dinero». De esta forma, «durante los tres próximos años se transferirán 143.966'30 euros anuales a la Diputación de Valencia para pagar la cantidad total, que se añaden al plazo de este año que ya se ha satisfecho».

Según el socialista Robert Raga, el IAE que pagan las empresas e industrias radicadas en Riba-roja al ayuntamiento están sujetas, destina un porcentaje fijo a las arcas del organismo provincial. Sin embargo, «durante los años 1999 y 2014 el equipo de gobierno del ex alcalde Francisco Tarazona, del PP, no lo ingresó como establece la legalidad vigente» pese a que el propio Tarazona «gestionó diversas parcelas en la diputación valenciana en su condición de diputado provincial, en la que se encargó del área de Bomberos».

El pago de la deuda total pendiente era una condición obligatoria para los ayuntamientos que quisiesen recibir subvenciones y ayudas de la Diputación incluidas en el programa de inversiones financieramente sostenibles (IFS), mediante la presentación «de un compromiso de aprobación de un plan de pagos con la Diputación» que, finalmente, el consistorio de Riba-roja de Túria ha suscrito. El alcalde socialista ha lamentado que el anterior gobierno del Partido Popular «incumpliera la obligación de pagar una parte del impuesto que recaudaba el ayuntamiento a la diputación sin ningún motivo razonado ni argumentado». «Ahora nos vemos obligados a dedicar una parte considerable para satisfacer el débito que teníamos contraído y el dinero lo hemos tenido que quitar de las políticas sociales o los programas para la creación de empleo», lamenta Raga.