La Conselleria de Medio Ambiente tiene hasta el próximo 9 de abril para decidir si renueva la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a la cementera de Buñol, la empresa Cemex, para que pueda quemar residuos tóxicos y peligrosos como combustible en la fábrica. El rechazo social a esta resolución administrativa —en período de alegaciones— y el silencio de la Conselleria de Medio Ambiente —dirigida por Elena Cebrián— ha generado un enorme revuelo en la comarca de la Hoya de Buñol-Chiva y la reactivación de una plataforma cívica, política y ecologista —la Plataforma Aire Limpio— en la que hay una veintena de colectivos y partidos políticos que rechazan la incineración.

En declaraciones a Levante-EMV, José Luis Carrascosa, teniente de alcalde y concejal de medio ambiente por Izquierda Alternativa de Buñol, señala que la Conselleria —en concreto, el secretario autonómico Julià Álvaro, y el director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer— es la encargada de conceder la AAI, que autoriza a la empresa qué quemar, qué cantidad y qué límites de emisión cumplir. El actual permiso caduca a primeros de abril y desde octubre pasado no ha habido ninguna comunicación oficial por parte de Julià Álvaro y de Joan Piquer sobre cuál va a ser su decisión. Carrascosa alerta de la contradicción ideológica en la que podría incurrir Julià Àlvaro, a la sazón portavoz de Els Verds-Equo en la Comunitat Valenciana. «La incineración va en contra de las promesas políticas y en contra del programa electoral de Compromís». Tanto Álvaro como Piquer, una vez generado el conflicto social y con el Ayuntamiento de Buñol, «han dejado de dar información, no son transparentes, y actuán en reuniones de despacho con la dirección comarcal de Compromís», apunta el concejal. No en vano, la coalición taronja está formada por tres grandes partidos: Bloc, Iniciativa del Poble Valencià y Els Verds-Equo.

Por su parte, una de las portavoces de la Plataforma Aire Limpio, Jorgina Gil, declaró a este diario que al día de hoy no ha habido ninguna noticia nueva de Medio Ambiente desde octubre pasado cuando tanto Álvaro como Piquer se reunieron con alcaldes de la comarca y la empresa, y les avanzaron en las líneas futuras sobre la AAI, que sí contendría la autorización para incinerar. «Después de las movilizaciones respaldadas por cerca de medio millar de personas en Chiva, el día 15 de enero, y en Buñol, el día 22, la Generalitat sigue sin comunicar si va a renovar la autorización para incinerar en Cemex o no», señala. Entre otras reivindicaciones, la plataforma reclama dos peticiones contundentes: Que la cementera deje de usar «basura tóxica como combustible» y que la Generalitat «actúe ya en defensa de la ciudadanía de la Hoya de Buñol-Chiva». Jorgina Gil recuerda que los ayuntamientos de Chiva, Cheste, Buñol, Macastre, Alborache y Yátova han aprobado mociones institucionales contra la incineración en Cemex. A finales de febrero, van a llevar la protesta contra Medio Ambiente «a la propia sede de la Conselleria si de aquí a entonces no nos contestan», finalizó. Una de las medidas que sí ha adoptado Medio Ambiente ha sido instalar una unidad móvil de medición de la calidad del aire en Chiva. Tendrá carácter itinerante por la comarca y se ha aprobado después de numerosas protestas y peticiones de diversos colectivos y del propio consistorio chivano. Los resultados de las mediciones diarias se podrán seguir online pues una de las críticas a la cementera es que sus controles no son fiables.

La empresa se defiende

Mientras, este periódico ha tratado de contrastar la versión de Joan Piquer sobre este tema sin conseguirlo. En cambio, Cemex sí la ha manifestado a través de un reciente comunicado: «Valorizar en hornos cementeros es, a fecha de hoy, la única vía posible del sector de reducir las emisiones de CO2 y una práctica habitual en los países medioambientalmente más avanzados de Europa». Este uso «está avalado por la Comisión Europea en su directiva de residuos» y constituye: «Una actividad autorizada, segura y estrictamente vigilada, por lo que muchas voces están alarmando innecesariamente a la población». Por último, Cemex dice haber invertido 2,7 millones en la fábrica en medidas correctas y diversas mejoras.