La fiscal del juzgado de València que investiga un presunto fraude en el uso de fondos Ruralter-Leader aportados por la Unión Europea, la Conselleria de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, ha acusado a una asociación de la Hoya de Buñol-Chiva de haber incurrido en un supuesto delito contra la Hacienda Pública valenciana, y por extensión, contra la española y la europea.
Así lo explicaron ayer fuentes cercanas a la causa, que confirmaron que el titular de este tribunal valenciano ha emitido un auto en el que cita como investigada a la Asociación de Interior de la Hoya de Buñol-Chiva porque fue la entidad que tramitó y obtuvo las subvenciones necesarias para construir el denominado Espai Jove de Chiva entre 2011 y 2012. Este expediente, que en su momento fue señalado con una serie de presuntas irregularidades por parte de la Oficina Antifraude de la Comisión Europea (OLAF), es el que ha tomado la fiscal como base para concluir que pudo cometerse un delito contra la Hacienda Pública en la tramitación y adjudicación del dinero con el que se construyó este inmueble.
La actual presidenta -Paqui Collado- y la actual junta directiva de la Asociación de Interior -que tomaron posesión en 2015- no tienen nada que ver con los responsables políticos y exalcaldes del PP de la Hoya de Buñol-Chiva que gestionaron los fondos públicos así como la documentación y los permisos para construir el centro juvenil. No en vano, los hechos investigados en la sala de València se centran en el período entre 2009 y 2013, cuando Agricultura, entonces capitaneada por la exconsellera Maritina Hernández (PP), concedió esta subvención a petición del entonces presidente de la Asociación de Interior, Rafael Lisarde, exalcalde del PP de Yátova.
El juez ha citado como investigada a esta entidad de la Hoya de Buñol, que debe acudir en mayo a declarar representada por su actual presidenta y asistida por su letrado. Antes, en abril, y también dentro de la misma causa, está previsto que vayan también a declarar como investigados el actual portavoz del PP de Buñol, Marcial Díaz; el exalcalde del PP de Chiva, José Manuel Haro; una trabajadora de la Mancomunidad de la Hoya llamada Desiré Franco; y el propio Rafael Lisarde.
Por su parte, el juez acaba de confirmar a la funcionaria de la Conselleria de Agricultura que denunció estas presuntas irregularidades en 2014 como acusación popular y ha rechazado una petición realizada por el abogado de Marcial Díaz. También se ha confirmado a la Asociación de Interior de la Hoya de Buñol como acusación particular en el caso. Por tanto, las pesquisas judiciales siguen abiertas. Mientras, en el ámbito administrativo, la actual Conselleria de Agricultura liderada por Elena Cebrián ya ha reclamado los 317.000 euros -por la subvención y sus intereses- del Espai Jove a la Asociación de Interior en un expediente que ha dado por concluido.
