Lo que empezó como una inquietud personal para saber qué le había pasado al «tío Paco» después de la Guerra Civil, se convertirá en la mayor excavación y exhumación de una fosa común que habrá tenido lugar en la Comunitat Valenciana. La Associació de Familiars de la Fossa Comuna 113 de Paterna ya cuenta con los permisos necesarios para iniciar los trabajos en la fosa 113 del cementerio municipal de Paterna, en la que trabajará la Asociación Científica ArqueoAntro.

En concreto, con este proyecto -que cuenta con una subvención de 62.000 euros de la Diputación de València- se pretende recuperar los restos de unas 62 personas de varios municipios de l'Horta, la Ribera, la Safor, la Vall d'Albaida, Camp de Morvedre, Camp del Túria, Requena... que fueron fusiladas por el régimen franquista el 18 de enero y 27 de marzo de 1940 y el 19 de septiembre de 1941, explicó ayer Santi Vallés, presidente de la asociación.

«No es una labor fácil, es la fosa más grande que se abrirá en la Comunitat Valenciana de momento; como mucho hasta ahora habían tenido 15 represaliados, también en Paterna, en 2012», apuntó el arqueólogo Miguel Mezquida, director de los proyectos de ArqueoAntro. «Es un trabajo minucioso, no es una excavación arqueológica normal. En la actualidad, el Estado no judicializa estos crímenes, pero realizamos un tratamiento forense para que quede constancia», especifica. Las excavaciones empezarán previsiblemente en junio, -cuando acaben los trabajos de la fosa 82, que empezarán este mes- y «se alargarán unos dos meses», detalla el arqueólogo. Las medidas de la fosa (de dos metros por tres y una profundidad de cuatro) y la «superposición de sacas», son dos factores que dificultarán la delicada labor.

El Estado, «responsable directo»

«Empezamos por nuestros familiares, pero queremos que sirva para otras familias», asegura Santi Vallés. «Yo buscaba a mi tío Paco [Francesc Núñez Miquel], el hermano de mi abuela. Le prometí a mi tía antes de morir que haría todo lo posible para llevarlo a casa, a l'Alcúdia», asegura. De hecho, explica que «la misma tarde que le fusilaron, mi abuela envió a tres amigos al cementerio de Paterna para que le pusieran en un nicho, pero en 1953, cuando quisieron trasladar el cuerpo a l'Alcúdia, se dieron cuenta de que no era mi tío», relata.

Pepa Caballero forma parte de la asociación y también cuenta la historia de su tío, Bernardo Caballero, cuyos restos esperan encontrar en la fosa. «Lo que más me impresionó de su historia es que fueron a por él a la cárcel con una sotana, porque mi tía tenía amistad con curas, pero él dijo que no se iba porque no había hecho nada. Le mataron porque era del bando republicano», expone emocionada.

En estos casos, ni la intercesión de curas o de familiares conservadores sirvió para salvar la vida de integrantes de sindicatos y fuerzas progresistas, o simples trabajadores (agricultores, electricistas...) que tenían entre 27 y 68 años.

Las víctimas no tenían «ninguna sospecha de poder ser condenados de nada y estaban libres de penas, pero la represión consistió en que por cada muerto de un bando, tenían que caer como mínimo uno o dos del otro», relata el presidente. Además, en la mayoría de los casos, se repitió la forma de proceder: «iban a por ellos con una denuncia, les llevaban al retén policial, se hacía un primer atestado y se les torturaba, luego les enviaban a una prisión de la partida judicial, de ahí a Sant Miquel dels Reis, y después a la Modelo, para fusilarlos 15 días después», especifica Vallés.

Los familiares lamentan la complejidad de la burocracia para poder llevar a cabo las exhumaciones ya que, para iniciar un proyecto a instancia de los familiares. «tenemos que crear una asociación, sacar un CIF, darse de alta en Hacienda...», critican. «Tuve que ir a Salamanca, al Ministerio de Defensa y al de Interior para investigar... hay mucha gente mayor que ese proceso no lo hará», lamenta Vallés. «El Estado es responsable directo de esto; debería actuar de oficio en el proceso de investigación», opinan. No obstante, en los Presupuestos Generales de 2017 la partida para Memoria Histórica es de cero euros, y los 62.000 euros con los que cuentan son de una subvención de la diputación, que esperan poder renovar para conseguir el total de 125.000 euros que han calculado que costará la excavación, la exhumación, y las pruebas de ADN.

«Sabemos que quizás no encontremos todos los restos, pero después del sufrimiento, el miedo y la pena, algunas familias podrán hacer por fin el duelo que les han negado, sin tener que pedir limosna por eso», sentencia Vallés.

La asociación cuenta con una lista con nombres y apellidos de las posibles víctimas que están en la fosa 113, y hacen un llamamiento para poder contactar con las familias que tengan desaparecidos en las fechas y municipios que han detallado.