La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha abierto una investigación contra el exalcalde de Santa Pola y diputado provincial, Miguel Zaragoza, por la gestión en la que se vio envuelta una clínica de Gran Alacant en la que trabajó una de sus hermanas, en un periodo en el que él era el primer edil. Zaragoza, que fue detenido ayer, según fuentes cercanas al caso, y puesto en libertad a los pocos minutos con cargos, en principio, estaría acusado de los presuntos delitos de malversación, cohecho y prevaricación. En concreto, según fuentes de la investigación, y entre otras cuestiones, se trata de esclarecer si hubo un fraude por más de 100.000 euros. Junto al exregidor, también se investiga a su hermana, Pilar Zaragoza, y al exedil Jorge Perelló, pareja de ella.

El concejal popular en la oposición y también diputado provincial, responsable de la cartera de Bienestar Social, fue precisamente llamado a declarar ayer por la mañana a la Comisaría de Alicante, en principio por este asunto. Acudió por su propio pie, aunque finalmente se acogió a su derecho a no declarar. Zaragoza quedó en libertad con cargos. De hecho, asistió inicialmente a un pleno que había convocado en Santa Pola, y se fue a mitad a declarar.

La semana pasada hubo otras citaciones, en concreto al apoderado y al administrador de la clínica. Asimismo, también se llamó a declarar al exconcejal de Personal, Jorge Perelló, y a Pilar Zaragoza, hermana del diputado provincial, pareja del primero y que trabajó en la clínica.

Este procedimiento tendría que ver con la investigación sobre la gestión de la clínica de Gran Alacant durante la etapa de Zaragoza como alcalde. En esta clínica, que ocupaba un espacio municipal a cambio de un posible canon, se investiga si estuvo trabajando Pilar Zaragoza, que podría haber estado empleada durante seis meses, aunque cobrando durante casi dos años más. En principio, ésta se daría de baja por enfermedad y el exedil Perelló derivaría a personal municipal para cubrir su plaza privada. La UDEF quiere dilucidar si esto es así y Zaragoza era conocedor de estos hechos.

En un comunicado hecho público ayer por la tarde, Zaragoza aseguraba que, dado que en esta citación no se le había ofrecido información alguna de los hechos que motivan la acusación, había decidido no declarar, «como haría cualquier persona que ve vulnerados sus derechos en tal manera y que no obtiene información de cuanto concierne a su persona», dijo. Unas palabras que ratificaba a este medio antes de la ejecutiva local de anoche.

Zaragoza exponía ayer que todo partiría a raíz del decreto municipal de 10 de julio de 2017, «un decreto por el que tuve conocimiento de que el Ayuntamiento había contratado a un despacho de abogados para que se personara en nombre del Consistorio en tres procedimientos, uno de los cuales supuestamente iba contra mi persona». Zaragoza culpaba al equipo de gobierno de verter «acusaciones implícitas, encubiertas e infundadas» contra su persona, y que, tras informarse de qué juzgado llevaba la causa del Ayuntamiento contra él, ofreció toda su colaboración con la Justicia «y facilitar los datos necesarios para limpiar mi imagen y mi honor cuanto antes».

De esta forma, explica el propio Zaragoza, el 17 de octubre de 2017 se personó en los tribunales, desde donde se dictó una providencia a los tres días en la que se especificaba por parte del juzgado que se le daba por personado, pero que las actuaciones estaban declaradas secretas.

«Si yo soy la persona implicada, pero las actuaciones son secretas, ¿cuál es la forma que tengo para defenderme? ¿Cómo puedo mostrar toda la gestión para que se vea la transparencia en las actuaciones?», se lamentaba. A juicio del edil no ha tenido ningún sentido el que se le citara ayer en sede policial al estar a disposición del juzgado voluntariamente desde octubre. También añadió que cuando sepa de los hechos y preste declaración ante el juzgado, comparecerá públicamente.

La declaración en Comisaría llega después de que este verano ya se detuviera al hermano del exalcalde y jefe de la Policía de Santa Pola, José Miguel Zaragoza, por el caso de los uniformes, y que se arrestara a la exconcejal de Urbanismo de Santa Pola y a dos arquitectas por el derrumbe del colegio Hispanidad. Al parecer, hay varias piezas abiertas de Santa Pola en los juzgados.