La sección segunda de la Audiencia de València juzgará a partir de mañana al alcalde de Siete Aguas de 2003 a 2011, Rafael Zahonero, al secretario del ayuntamiento de esta localidad de la Hoya de Buñol, al ingeniero jefe de la demarcación forestal de Siete Aguas y dos jefes medioambientales de zona por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental. La vista se celebrará tras la denuncia presentada por los propietarios de la mercantil Belenguerón SL, Rafael y Antonio Jurado Martínez, adjudicataria del programa de actuación integrada (PAI) para construir la urbanización Ríos de Belenguerón, con 684 chalés, aprobada definitivamente el 27 de mayo de 2002 por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte (Coput). La urbanización nunca ha llegado a entregarse ni ocuparse, a pesar de que las obras se iniciaron el 7 de enero de 2004. Tres años después, en 2007, se paralizaron porque Medio Ambiente consideraba que el proyecto invadía monte público en virtud a un deslinde del perímetro sur del monte de la Sierra de Malacara, iniciado en 1999, pero que no llegó a finalizarse.

La Fiscalía Provincial de València no ve delito en los hechos denunciados por la mercantil Belenguerón SL, por lo que no solicita pena alguna, según el escrito de calificación provisional al que ha tenido acceso Levante-EMV.

El juicio que comieza a celebrarse mañana es el último capítulo de un rosario de ocho contenciosos-administrativos y denuncias penales cruzadas entre los responsables de la empresa Belenguerón SL y los anteriores responsables del Ayuntamiento de Siete Aguas. De hecho, los hermanos Jurado Martínez también alegan en su querella que en 2008 se presentó contra ellos una «denuncia temeraria» por un presunto delito de ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente que quedó en nada porque «finalizó con un auto de sobreseimiento libre».

Desde 2007, el Ayuntamiento de Siete Aguas ha denegado de forma sistemática la licencia de primera ocupación a las unifamiliares construidas en la zona del Belenguerón, decisión avalada por los tribunales que han dado la razón al consistorio de la Hoya de Buñol en los ocho contenciosos presentados por la empresa Belenguerón SL, que cree que estas resoluciones se adoptaron para «perjudicarlos económicamente».