Los dos años de matrimonio entre el PSOE y Compromís han estado marcados por una relación con más odio que amor. El enlace del Pacte del Batà ya se firmó con separación de bienes, con el proyecto de Puerto Mediterráneo anotado en rojo. Ambas formaciones dejaron el megacentro comercial a un lado para celebrar la boda, pero en la convivencia del día a día, la iniciativa diseñada para el paraje de les Moles reflejaba las infidelidades de ambos. Finalmente les ha costado el divorcio.
El pacto se firmó en septiembre de 2016 y, diez meses después, ya estuvo a un pelo de saltar por los aires. Compromís votó en contra de los presupuestos que presentaba el PSOE en la Junta de Gobierno local. La negativa encolerizó al alcalde Sagredo. Primero destituyó al asesor de Compromís y posteriormente advirtió que elevarían a la Asamblea local la vigencia o no de l´Acord del Batà. Las fiestas fueron calmando las aguas, hasta que tres meses después, Compromís daba luz verde a los presupuestos, tras un proceso de participación ciudadana en las juntas de barrio, y el asesor recuperó su puesto.
Pero pese a que ambas formaciones sacaron su mejor detergente, la mancha de aceite se apreciaba en el pantalón del Batà. Y aparecieron otras. El pasado 8 de marzo, el PSOE logró con el apoyo de PP, Cs y los dos ediles no adscritos, sacar adelante en un pleno extraordinario a las ocho de la mañana el día de la huelga por la Jornada Internacional de la Mujer, una moción que suspendía la concesión de licencias asistenciales en suelo privado. La medida frenaba la instalación de un centro de acogida de menores en un chalet de Montecañada, impulsada por una fundación privada, con el visto bueno de la Generalitat.
El desencuentro PSOE-Compromís (también con Podemos) tuvo momentos extremos, tanto en intervenciones públicas como en reuniones privadas, culpándose unos a otros, y con el aderezo de las duras críticas que la vicepresidenta Mónica Oltra (de Compromís y titular de la cartera responsable del centro de menores) lanzó al alcalde Sagredo. La Abogacía de la Generalitat ha llevado la decisión plenaria al juzgado.
La imputación del alcalde
Con la citación de Sagredo a declarar por supuesta prevaricación por la adjudicación del contrato de Halloween, saltaron chispas de nuevo. El alcalde aseguraba inicialmente que el caso afectaba a toda su junta de gobierno local, salpicando a tres ediles de Compromís y una de Pasip, pero los dos socios se desmarcaron rápidamente. Juanma Ramón, primer teniente de alcalde, pidió explicaciones públicas a Sagredo por su imputación. El primer edil se tomó lo de la transparencia al pie de la letra y comunicó a la prensa que había dejado en suspenso la adjudicación del montaje de la feria del Comercio (de Compromís) por unos reparos, ordenando al concejal Martí que lo investigará.
El último desencuentro se produjo por la tala de un árbol en la Canyada. Nuria Campos, edila socialista, envió a empleados de Gespa a talar un árbol, desatando el rechazo de los vecinos, cuando el departamento de Medio Ambiente, de la que depende la Mesa del Arbolado, está en manos de Compromís. La protesta ha acabado con tres multas de 600 euros a vecinos de la Canyada, tras los informes remitidos por la Policía Local, área de la propia Campos, a la Delegación del Gobierno.
