La Policía Nacional ha detenido a una segunda persona dentro de la investigación que propició el arresto de un funcionario del Ayuntamiento de Alicante por presuntamente vender certificados de empadronamiento a inmigrantes.
Fuentes municipales y policiales confirmaron esta segunda detención si bien no aportaron más detalles al encontrarse el caso bajo secreto de sumario. Según ha podido saber este periódico el último arrestado sería el intermediario, es decir, la persona encargada de negociar con los inmigrantes y con el funcionario que presuntamente realizaba los certificados. Se trataría de un ciudadano de origen magrebí ajeno a los servicios municipales. La policía continúa con la operación para determinar si hay más personas implicadas en la trama.
La investigación la están llevando a cabo agentes de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) del Cuerpo Nacional de Policía, que ayer continuaban con las pesquisas con la máxima discreción. Los trabajos se centraban en identificar a las posibles personas que han podido formar parte de este entramado de empadronamientos irregulares.
Las fuentes policiales consultadas por este periódico apuntaron que con toda probabilidad los dos detenidos hasta la fecha podrían ser puestos hoy a disposición judicial, aunque no está de guardia el juzgado que lleva la instrucción de la causa. No obstante, el magistrado competente podría volver a citar a declarar a los implicados pasado el verano.
Aunque no ha trascendido ni el tiempo que esta supuesta trama ha podido operar ni los casos de empadronamientos irregulares llevados a cabo presuntamente por el funcionario del área de Estadística, todo parece indicar que se tratará de un número importante.
El alcalde, Luis Barcala, explicó ayer que el Ayuntamiento detectó una serie de irregularidades relativas a la actuación del funcionario detenido y que ante la naturaleza de los hechos se puso en conocimiento de la Policía Nacional. Tras recalcar que el asunto está sujeto al secreto de sumario, el primer edil no quiso aportar más datos ni en cuanto al tiempo que duran las irregularidades ni sobre cuántos expedientes están afectados. «Aquí lo que es importante es que han funcionado los sistemas de detección y que se ha actuado con la diligencia y la responsabilidad debida en estos casos», recalcó.
En cuanto al funcionario, afirmó que el Ayuntamiento tomará «las decisiones que haya que tomar, tanto a nivel interno como a todos los niveles», una vez que concluya la investigación.
«No se va a hacer más valoración por responsabilidad. La investigación está sin cerrar y el secreto de sumario decretado. No vamos a hacer comentarios para no entorpecer la investigación hasta que el juzgado concluya y levante el secreto de sumario», indicó Barcala.
