Hay tendencias que se resisten a cambiar pese a ser nocivas para el amplio conjunto de la sociedad. Es el caso del abuso en las contrataciones fraudulentas que se realizan en los colectivos de «collidors» en la Ribera. La falta de inspección propicia que todavía hoy persistan las malas prácticas en el campo.
Es un secreto a voces. Reconocido por todos pero, desafortunadamente, complejo de atajar. Los grupos organizados se encargan de proporcionar mano de obra barata, generalmente extranjera, al sector agrícola. «En la mayoría de casos hablamos de personas inmigrantes que traen a nuestro país en situación de extrema necesidad para aprovecharse de su debilidad. No hace mucho todavía te podías encontrar alguna Empresa de Trabajo Temporal que fijaba carteles en los que decía 'españoles no'», reprocha Vicent Navalón, responsable comarcal de la Federació d'Indústria de Comisiones Obreras. Lejos del demagogo y racista mensaje de «vienen a robarnos el trabajo», se trata de un entramado que busca sacar partido de una situación de vulnerabilidad. «A esta gente se le paga la mitad por ir a destajo. De cada diez cajones que recogen, cinco se pagan a los grupos organizados. Después, si no cumples con los pagos que te piden, se van a una ETT y le dicen que a esa persona no la vuelvan a contratar», añade.
«Permanentemente se producen casos de explotación de mano de obra extranjera en el campo. Se aprovechan de personas vulnerables, que aceptarán las condiciones más inhumanas y que jamás acudirán a un sindicato o a la policía a denunciar su situación porque desconocen el idioma y tienen miedo», indica el secretario comarcal de UGT, Raül Roselló.
La explotación laboral ya es de por sí un hecho censurable, pero los sindicatos han tenido constancia, en los últimos casos, de situaciones la mar de surrealistas. Se ha llegado a cobrar a personas por subir a una furgoneta o incluso se han «alquilado» las tijeras para realizar la recolección. «Lo que es hace es esclavitud pura y dura», subraya Navalón.
Plan de empleo digno
Ambos sindicatos coinciden en que estas malas prácticas persisten porque hay gente, empresas y mafias, que sacan beneficios y apenas sufren las consecuencias de sus actos. «No hace mucho tuve constancia de una actuación contra una gran mercantil y contra las ETT con las que trabajaba. A cada una la sancionaron con 180.000 euros. Tras varios recursos, la multa había bajado hasta los 6.000. Es una sanción que sale rentable. Necesitamos más dureza e, incluso, consecuencias penales», asegura Navalón. Por su parte, Roselló recuerda que la última reforma laboral fue «un incentivo al incumplimiento» de las empresas, que se la tomaron como una «señal para continuar actuando de manera impune».
Aunque el propio Roselló sostiene que la tendencia podría revertirse poco a poco, «el último plan de empleo digno del gobierno dotó de recursos a la actuación inspectora», los existentes son «insuficientes», sobre todo si se comparan con otros países europeos. «La agricultura es un sector vital para la Ribera y, desgraciadamente, concentra un gran número de malas prácticas laborales. Hemos iniciado la vía de la subsanación, pero tenemos muy pocos inspectores».
