El mecanismo al que presuntamente recurrieron los procesados para desviar el dinero era el siguiente. El Ayuntamiento abonaba las facturas en la cuenta corriente de Suma Chiva y los importes eran traspasados sucesivamente a otra cuenta ajena a los intereses municipales. Hasta el capital social, 69.000 euros en total, también desapareció del banco.

La entidad Suma Chiva SA fue liquidada y disuelta en el año 2015. La investigación judicial ha aflorado que durante la existencia de esta sociedad «la mayor parte de movimientos son transferencias a la cuenta de Pascual Navarro, en pago de su nómina y otros conceptos, pago de impuestos y seguridad social, de los que se infiere que las actividades con terceros eran casi nulas, ni siquiera consta el pago de suministros, ni gastos de distinto clase que la nómina de Pasqual Navarro», afirma el Ayuntamiento en su escrito.

Por otra parte, «consta acreditado que Pasqual Navarro, desde su cuenta bancaria donde cobra la nómina ingresada por Suma Chiva SA, realiza mayoría reintegros en efectivo en el período comprendido entre el 04/11/2009 al 20/07/2012 por un importe de casi 45.000 euros, y en concreto cuatro reintegros de cantidades importantes en concreto el 04/11/2009 de 16.000 euros, el 02/12/2010 de 10.000 euros, el 24/01/2011 de 5.000 euros y el 20/07/2012 de 5.000 euros, desconociéndose el fin de dichas cantidades».

Además de los importes anteriores, se desconocen el fin traspasos mensuales realizados desde la cuenta de Navarro Giner «de 700 euros, desde el 2008 al 2012, desconociendo la cuenta bancaria donde se traspasa dichos importes mensuales, ni el concepto del traspaso».

El consistorio ha solicitado al juzgado que abra una pieza de responsabilidad civil y «se condene a los acusados a que, conjunta y solidariamente abonen al Ayuntamiento de Chiva, la cantidad que éste ingresó en la cuenta de la entidad Suma Chiva SA, como consecuencia de los actos delictivos cometidos por todos los acusados». Por tanto, la «cuantía ingresada por el Ayuntamiento de Chiva en la cuenta de Suma Chiva fue de 292.606 euros».

En su querella inicial, la Fiscalía ya consideró que Haro y su exconcejal de Urbanismo «abusando ambos de sus facultades por el control que tenían en dicho Ayuntamiento por los cargos que poseían, abonaron facturas a Suma Chiva SA, con cargo a los fondos del Ayuntamiento de Chiva». Unas facturas que, a juicio de la Fiscalía, «no obedecían a los servicios que se hacían constar en las mismas y que eran presentadas al cobro» por el gerente procesado.