Las IV Jornadas de Afirmación de la Nueva Ruralidad suponen una vuelta de tuerca a la despoblación: es la luz al final del túnel. Se trata de plantear el medio rural como un espacio desde donde desarrollar un proyecto vital, personal y laboral, con los mismos derechos y oportunidades que en la ciudad a nivel educativo, sanitario y de servicios. Para ello aún hay que resolver distintas carencias que según Artur Aparici, sociólogo experto en ruralidad de la UJI e impulsor del Fórum de la Nova Ruralitat, pasan por un cambio de perspectiva desde la Administración: «Necesitamos un marco legislativo para la zona rural distinto que el del área urbana; uno para el interior y otro para la costa».
Como ejemplo de desincronía entre ambos entornos, el que puso el alcalde de Benlloc, Ángel Ribes, lugar donde se celebran entre ayer y hoy estas jornadas. Logró reabrir la biblioteca municipal para el millar de habitantes de la localidad pero una vez en marcha no puede integrarse en la Red de Bibliotecas de la Generalitat. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no tiene en nómina a un técnico de bibliotecas. «A un pueblo como este le ahoga tener una nómina de 30.000 euros al año», reconoció.
Para ello nació el Fòrum de la Nova Ruralitat, con un centenar de expertos universitarios que exigen acciones a las administraciones. Ayer fue la directora general de la Agencia Antidespoblamiento, Jeannette Segarra, y el secretario autonómico de Vivienda, César Jiménez, los representantes de la Generalitat quienes asumieron las demandas de todos los participantes.
Fue Jiménez quien reconoció que en vivienda la conselleria tiene un doble reto: mientras en las grandes urbes hay «dinámicas perversas» que terminan en desahucios, en el interior las casas vacías son el problema.
La vivienda ocupó una de las mesas donde participaron perfiles como el de Tesa Giner, exalcaldesa de Villores. Dio en una de las claves de la jornada: «El medio rural ya no está vinculado a la explotación agraria y ganadera: nos dedicamos a actividades urbanas, con la diferencia de dónde está nuestro despacho». Por ello, el Fòrum lucha para que el entorno no expulse a la persona por falta de oportunidades.
La impulsora de Almedíjar Viu, Marlén Andrés, explicó las trabas a las que se expone cualquier persona que quiera mudarse a un pueblo. En su municipio son 120 habitantes durante el año. En verano, 1.000. Esto deja 900 viviendas vacías o infrautilizadas durante el año, sin posibilidad de ser alquiladas o compradas por nuevos inquilinos que quieran residir allí.
La opción de construir una nueva vivienda tampoco parece la mejor. La arquitecta rural Tonica Clèrig puso cifras: comprar la parcela, construir la casa y los impuestos suman no menos de 120.000 euros. Además, expuso otra realidad: «Tengo una pelea continua con los técnicos de la Conselleria de Agricultura, no entienden que alguien quiera construirse una casa de apero, piensan que hay algo más detrás», lamentó.
En este punto volvieron a encontrarse las dos realidades. El secretario autonómico reconoció que la burocracia «está pensada en torno al cap i casal, no entendemos que se quiera construir una casa para las herramientas porque allí no tenemos esa problemática». Ocurre lo mismo con las parcelas, otro proceso que se atasca en los despachos. «Es una traba burocrática que se aplica para evitar especulaciones en la costa pero en el interior sabemos que no funciona igual», reconoció Jiménez.
Por ello defendió la Ley de Comarcas propuesta por el Botànic que permitiría que las capitales de esos territorios asumieran algunas de las competencias de la Generalitat .
