La investigación sigue abierta para dirimir todos los hechos punibles acontecidos durante el pleno de Carcaixent del pasado 26 de noviembre. La sesión tuvo que ser suspendida por los comportamientos violentos cometidos por algunas de las decenas de personas que abarrotaban el hemiciclo, pese a que su aforo está limitado a treinta, únicamente. Ciertos individuos, incluso, amenazaron a los agentes de la Policía Local allí presentes. Éstos ya han prestado declaración ante el juez y esperan, ahora, el siguiente paso de la justicia.
Varias decenas de manifestantes abarrotaron el pleno ordinario del pasado mes de noviembre para llevar a cabo una protesta contra los salarios de los políticos y el incremento del IBI; todo ello tras una campaña iniciada en las calles y a través de las redes sociales para aglutinar el descontento ciudadano. Como resultado, el pleno se suspendió debido al alboroto -tanto gritos y golpes a la mesa, las paredes o las puertas-y el equipo de gobierno tuvo que ser escoltado para abandonar el ayuntamiento en unas condiciones que garantizasen su seguridad. Como ya adelantó Levante-EMV en exclusiva, la Policía Local inició de oficio una investigación para identificar a aquellas personas que, en palabras del propio cuerpo, manifestaron «actitudes violentas». Algunos de los partes policiales han tenido recorrido judicial.
Las denuncias policiales se realizaron por dos vías. Una de ellas es la administrativa, aunque se desconoce por el momento el alcance que ha tenido. Al detectar actitudes violentas, indentificaron a varias personas que podrían haber cometido algún delito de desorden público o incluso desacato a la autoridad. Los atestados se elevaron a la Delegación del Gobierno, autoridad a la que le compete materializar dichas denuncias en las sanciones económicas que considere oportunas en cada caso.
Otro camino siguió uno de los agentes, que trasladó ante la Justicia un presunto caso de amenazas. Hace dos semanas, y por tanto antes de que se decretara el Estado de Alarma por el coronavirus, varios policías acudieron al juzgado para prestar sus declaraciones sobre lo ocurrido. No obstante, la investigación sigue abierta. Por el momento no se ha decretado la apertura de juicio y, por ende, tampoco existe ninguna sentencia sobre el caso.
Vuelta a la normalidad
Pese a la tensión vivida en aquella jornada, ya no se ha repetido un escenario similar. Tras la algarada, el gobierno local tomó diversas medidas para limitar el acceso al hemiciclo en base al aforo máximo permitido. También se recordó a la población que la participación ciudadana, aunque esté permitida, se debe limitar al apartado de ruegos y preguntas, por lo que cualquier comentario o protesta, por muy legítima que sea, fuera de dicho turno estaría fuera de lugar. Afortunadamente, Carcaixent ha recobrado la normalidad democrática y sus vecinos han respetado una institución pública que, en última instancia, es la más cercana, como es el ayuntamiento.
