Si en octubre los vecinos y vecinas de la urbanización de Corral d'Albert, en Llíria, hablaban de «desesperación», cuatro meses después la situación es «insoportable». Las 16 familias que tienen su residencia en esta zona conviven con una granja porcina que, tal y como el ayuntamiento ha requerido al propietario en distintas ocasiones, no cumple con las debidas medidas higiénicas ni sanitarias, tanto para los animales como para los vecinos que viven «pared con pared» con la granja.

La presencia de los roedores ya no es circunstancial, sino que están asentadas en la zona y campan por todas las viviendas de alrededor. Llegaron atraídas por la presencia de piensos con los que se alimenta a los cerdos pero ahora, incluso cuando no hay puercos, viven allí.

Al problema crónico de la presencia de los roedores se suma que la granja sigue operando con total normalidad. Tras unos meses sin presencia de los cerdos tras haber sido enviados al matadero, los vecinos denuncian que «en pleno Estado de Alarma se recibió una nueva remesa la semana pasada». «Ahora son pequeños, pero en un par de meses, además de ratas volveremos a sufrir los olores de los purines», lamenta una vecina.

Los residentes mantienen un contencioso con el propietario, que también ha sido advertido por el Ayuntamiento de Llíria de llevar a cabo las reformas pertinentes para seguir operando. Incluso en 2002 el consistorio decretó el cierre de a granja por riesgo de contaminación acuífera pero nunca ejecutó la sentencia.

Hace quince días, los vecinos, junto a su abogado, mantuvieron una reunión con tres concejales. Allí se determinó que el ayuntamiento haría un nuevo requerimiento para que se ejecutaran las obras que tendría que responder en 15 días. Si no, tendría que cerrar el establecimiento agrario. Sin embargo, el Estado de Alarma ha suspendido todos los plazos administrativos, por lo que hasta que no se desactive el Estado de Alarma no volverán a entrar en vigor.

Según explican los vecinos, la granja contrató un servicio de desratización que además de terminar con algunos roedores provocó la muerte de varias especies más: palomas que comían de los piensos y los gatos que cazaban o se alimentaban de esas aves. «Un desastre», lamenta la misma vecina.

El conflicto se remonta a 2015, cuando los residentes emprendieron acciones legales por «olores, insectos y riesgo para la salud» que supone la granja.