La paralización de buena parte de la Administración de Justicia, que desde el decreto del estado de alarma aborda solo cuestiones urgentes, impidió que, ayer, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) celebrara la vista para resolver el conflicto abierto entre la empresa Alcara Infraestructuras SL y la Autoridad Portuaria de València (APV) a raíz de la concesión administrativa del espacio público en el que se ubican las instalaciones deportivas del Puerto de Gandia.
El conflicto surgió en junio de 2018, cuando la APV decidió renovar la concesión de ese espacio a la entidad Real Club Náutico de Gandia (RCNG), que había competido con Alcara Infraestructuras. Las dos aspirantes anunciaron proyectos para la completa remodelación de las instalaciones y, a tenor de lo presentado, ambas se parecían mucho.
En realidad, Alcara quedó apartada de la carrera en el mes de diciembre del año anterior, cuando la APV, basándose en un recurso del Club Náutico que fue avalado por un informe de la Abogacía del Estado, consideró que parte de la documentación de la mercantil se había presentado fuera de plazo, por un solo día.
La mercantil, sin embargo, analizó lo ocurrido y consideró injusta esa resolución, por lo que planteó tres recursos contenciosos administrativos que finalmente los jueces unificaron. La vista para abordar esta cuestión se había planteado para ayer miércoles, pero ha quedado aplazada hasta nueva orden, de manera que se mantiene plenamente vigente la concesión administrativa concedida al RCNG, dado que la justicia rechazó anteriormente la petición de Alcara de dejarla en suspenso cautelarmente. Así, las obras previstas para su completa remodelación podrían iniciarse sin problemas.
Varias concesiones para renovar la ocupación de espacios públicos en puertos deportivos de titularidad estatal, como el de Gandia, han resultado conflictivos. Ocurrió también en Ibiza, donde hace solo tres meses el Tribunal Superior de Justicia de Baleares rechazó la solicitud del Club Deportivo Doce Millas, que también había presentado un recurso contra la concesión de las instalaciones de la isla pitiusa al Club Náutico Ibiza, que presentó un proyecto social para seguir en ese espacio. Como allí, el RCNG ha sido concesionario de las instalaciones gandienses desde su creación, en el año 1957.
