El gobierno de Puçol formado por Partido Popular, Ciudadanos, Partido de las Urbanizaciones y Vox, no solo se enfrenta a la pandemia de la covid-19, sino a las discrepancias internas. El concejal Alberto de Jesús (Vox) ha vuelto a tensar la cuerda por una cuestión que ya ha hecho saltar chispas en el pasado: la violencia contra la mujer.
El edil del partido de Santiago Abascal presentó esta semana un documento por registro de entrada en el que solicitaba a la alcaldesa Paz Carceller (PP), que las banderas del balcón del consistorio ondearan a media asta con crespón negro, en señal de luto por los miles de fallecidos a causa del coronavirus. Además, De Jesús pedía que se retirara la «tela morada que ondea en forma de bandera, como medida de respeto hacia los fallecidos por esta pandemia, y se votara de nuevo, si se propusiera, su izado mediante un acuerdo de Declaración Institucional aprobado en pleno».
El concejal socio del gobierno en mayoría, considera que la bandera morada que simboliza la lucha contra el maltrato contra la mujer, no es una enseña oficial, y que por tanto, no puede estar presente junto a las oficiales de España, la C. Valenciana, la del municipio y la de la Unión Europea.
Escrito a Delegación del Gobierno
De hecho, según ha podido saber este diario, De Jesús ha remitido un escrito a la Delegación del Gobierno para que se pronuncie sobre la legalidad de que la bandera morada ondee junto con las otras. En este sentido, fuentes oficiales del departamento gubernamental consultadas por este diario, explicaron que de momento no había recibido la consulta, pero que cuando llegue se estudiará y se contestará. Las mismas fuentes puntualizaron que en estos momentos todo el personal de la Delegación está trabajando en las medidas y acciones para combatir el coronavirus.
En este sentido, el secretario de Puçol, a instancias de De Jesús, ya se dirigió hace meses a la dirección de general de Administración Local de la Generalitat solicitando aclaración sobre la colocación de la bandera morada. La respuesta de Antoni Such, a la que ha tenido acceso este diario, sostiene que su exhibición «no está prohibida por el ordenamiento jurídico» y por tanto, «ni es ilegal ni inconstitucional», sino que representa «la libertad de expresión» del consistorio en «su compromiso por la igualdad de hombres y mujeres». En todo caso, Such sostiene que el pleno tiene la autonomía de acordar su retirada o ubicarla en otro lugar.
Por su parte, la alcaldesa Paz Carceller explicó ayer a este diario que «no es una bandera, sino un símbolo contra la violencia contra la mujer» y aseguró que «no se va a retirar y seguirá ondeando en el balcón municipal». La mandataria del PP apuntó que por el momento no tiene intención de convocar pleno alguno, «porque estamos al 100% en la lucha contra el coronavirus» y «plantear ahora este tipo de cosas me parece inoportuno». La alcaldesa, de todas formas, anunció que «una vez pase todo esto, estudiaremos cualquier petición», en referencia a una sesión plenaria, y «tomaremos la decisión que tengamos que tomar», en relación a la continuidad del edil de Vox como parte del Gobierno de Puçol.
El precedente del 25M
Y es que no es la primera vez que el gobierno de Puçol se enfrenta a una grieta interna por las peticiones de Vox respecto a sus políticas con la mujer como protagonista. Con motivo del 25N (Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra las mujeres), el concejal Alberto de Jesús se negó a respaldar la moción de apoyo a la efeméride, rompiendo la disciplina del ejecutivo, y pidiendo a la alcaldesa, a su vez concejala de Igualdad, que retirara la pancarta colgada en el balcón contra la violencia de género bajo el argumento de que la violencia no tiene género. Paz Carceller no atendió las peticiones de su socio y le advirtió que no daría un paso atrás en las políticas de Igualdad porque Vox esté en contra y que su postura era «inamovible», como ha demostrado ahora, meses después.
