El Gobierno estima el cierre de la central nuclear de Cofrentes para noviembre de 2030, según consta en una respuesta parlamentaria del pasado mes de febrero al senador de Compromís, Carles Mulet, que se había interesado sobre la fecha para la conclusión de la actividad en la instalación.

El ejecutivo señala en la respuesta que la seguridad en la operación de las centrales nucleares es competencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), organismo independiente de la administración encargado de vigilar que el funcionamiento de estas instalaciones «no represente riesgo alguno ni para los trabajadores ni para las personas o el medio ambiente».

Además, es el encargado de elaborar los informes sobre seguridad de las centrales, que preceden, con carácter vinculante en tal materia, a la correspondiente autorización del Ministerio para la Transición Ecológica.

Con estos condicionantes, explica que los propietarios de las centrales y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos firmaron en marzo de 2019 un Protocolo que contiene el calendario de cierre ordenado de las instalaciones, «con base al horizonte temporal contemplado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en base, también, a las solicitudes de renovación de las autorizaciones para la continuidad de su explotación, cuya aprobación corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica».

Así, con dichas premisas, «se informa que se estima el cierre de la central nuclear de Cofrentes para noviembre del año 2030», concluye el Gobierno. Mulet había trasladado al ejecutivo la «preocupación» por el mantenimiento activo de la central de nuclear de Cofrentes, con unas declaraciones del diputado de Compromís en Les Corts Juan Ponce, quien incidía en que «si no queremos tener un Fukushima valenciano, la central nuclear de Cofrentes tiene que cerrar el próximo año, en 2021».

Asimismo, recordaba que la pasada legislatura, a propuesta de los grupos parlamentarios que apoyan al Botànic, se aprobó una iniciativa para que el Consell exigiera al Gobierno el cierre y desmantelamiento de la central y añadía que «la empresa explotadora del suministro, Iberdrola, está maniobrando para alargar la licencia hasta 2030».