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Alboraia pagará en 39 años los 29,5 millones que adeuda a FGV más otros 26,6 de intereses

El alcalde ve "positivo" el acuerdo al fraccionarse el abono - La Justicia condenó al consistorio en 2016 por no costear el soterramiento del metro

Puesta en servicio del soterramiento del metro en Alboraia en 2010, con Álvaro, Camps y Barberà.

El Ayuntamiento de Alboraia y la Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana han alcanzado un acuerdo, por el que la administración local abonará en 39 anualidades los 29,5 millones de euros más intereses que el Tribunal Superior de Justicia le obligó a pagar a la empresa pública ferroviaria por el proyecto de soterramiento del metro a su paso por el municipio de l'Horta. El pacto deberá ser ratificado el lunes en un pleno extraordinario, para comunicar al juzgado el acuerdo extrajudicial.

Según ha podido saber este periódico, el convenio establece que el ayuntamiento abonará en 39 anualidades la cantidad sentenciada de 29,5 millones, más otros 26,6 por los intereses generados hasta entonces. El primero pago será en junio de 2021, por valor de 350.000 euros más 76.000 en intereses. Las cantidades irán creciendo año a año, hasta el 1,1 millones de la última cuota y sus 1,9 millones en intereses, en el año 2059.

El consistorio está obligado a provisionar cada año la cantidad asignada, ya que, según el acuerdo, el impago de una anualidad supondrá la ruptura del compromiso, permitiendo a la Generalitat solicitar la deuda total con la ejecución de la sentencia. También se contempla que si Alboraia recibe cualquier subvención de una administración superior para saldar deuda, que esta se destine a FGV.

El convenio sellado permite al consistorio cierto alivio financiero y cerrar un conflicto económico y judicial de más de una década. En 2005, Alboraia, en manos del PP de Manuel Álvaro, y la Generalitat, del mismo partido, perfilaron un convenio por el que las dos administraciones se comprometían a pagar al 50% el soterramiento de la línea 3 de FGV y la prolongación de la línea 4 de tranvía. El coste superaba los 70 millones.

El acuerdo lo rubricaron en diciembre de 2006 Egusa, la empresa urbanística municipal, y GTP, el extinto ente gestor de transporte de la Generalitat. El soterramiento se inauguró a bombo y platillo en 2010, con el expresidente Francisco Camps a pie de obra. La firma alboraiera afrontó desde 2007 varios pagos por un total de 8,5 millones, pero en 2013, con el PP fuera de la alcaldía y con un gobierno formado PSPV, Compromís, UPPA y Cialbo, el consistorio cerró el grifo. Pidió entonces a Isabel Bonig, consellera de Infraestructuras, renegociar un acuerdo. La respuesta fue negativa. En diciembre de aquel año, el consejo de Egusa acordó dejar de pagar y reclamar la devolución de los 8,5 millones.

A finales de 2014, la Generalitat presentó un contencioso administrativo reclamando el dinero adeudado. La sentencia, de octubre de 2015, fue favorable al Consell condenado a Alboraia a abonar 29,5 millones, más los intereses devengados. El ayuntamiento recurrió el fallo alegando que se vulneró el principio de «confianza legítima», ya que la idea de costear el 50% de las obras se basó en la «fundada confianza» de que la liberación del suelo que ocupaban las vías generaría rendimientos urbanísticos -hasta 14 millones-. El problema fue que la revisión del plan no llegó a ejecutarse, según el consistorio, porque la Generalitat impidió su aprobación, evitando así las plusvalías previstas con las que afrontar el soterramiento.

El TSJ ratificó la sentencia en 2016, desestimando el recurso municipal, al considerar, entre varias afirmaciones, que el acuerdo se suscribió «en posición de igualdad» entre ambas partes.

Desde entonces, Alboraia y Generalitat han buscado una solución que llega ahora en forma de fraccionamiento del pago.

El alcalde Miguel Chavarría no quiso entrar en detalles y se limitó a decir que es «positivo» para Alboraia, ya que, «si bien la deuda sigue, el fraccionamiento nos permite cierta movilidad».

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