05 de junio de 2020
05.06.2020
Levante-emv
Tribunales

Un juzgado obliga a un bar a retirar la salida de humos de la fachada de una finca de Rocafort

La sentencia sostiene que el extractor es una alteración prohibida por ley

04.06.2020 | 22:37
La salida de humos, en la misma fachada del edificio.

Una comunidad de propietarios de Rocafort ha solicitado al ayuntamiento que revoque la licencia de actividad al establecimiento hostelero situado en el bajo del edificio por desarrollar su labor con una salida de humos ilegal, según han considerado hasta tres instancias judiciales.

Tal como explican los vecinos a este periódico, llevan litigando con el dueño del bajo comercial desde el año 2012. La salida de humos del establecimiento hostelero se encuentra en la fachada, en la zona entre el bajo y el primer piso, y los olores se cuelan en sus casas por los conductos de ventilación, llegando hasta el garaje.

Por eso decidieron presentar una denuncia en el juzgado de Moncada, que les dio la razón al considerar que la «apertura de la referida salida de humos supone una alteración esencial de la configuración exterior del inmueble que resulta prohibida por la Ley de Propiedad Horizontal». Además, reza el fallo, que «no se ha acreditado la existencia de unanimidad del resto de comuneros que podría autorizar dicha obra».

Pero no solo el juez entró a valorar la irregularidad respecto a la ley, sino que observaba «numerosos elementos probatorios que indican que la emisión de humos y olores a través de dicha salida en la fachada causa perjuicios a propietarios del inmueble». Y lo argumenta con los informes periciales presentados por el Seprona y por el experto de la comunidad, cuyas conclusiones «resultan más creíbles y fundamentadas», que las ofrecidas por la parte demandada. Por ello condenaba a eliminar la salida de humos por realizarse sin el consentimiento de los propietarios, perjudicando sus derechos por los olores que genera y reponiendo la fachada a su estado anterior. El TSJ y el Tribunal Supremo ratificaron el fallo.

Ejecución de la sentencia

Desde 2018, los propietarios han pedido hasta en cinco ocasiones la ejecución de la sentencia y el juzgado ha desestimado otras tantas las alegaciones del dueño del establecimiento, que indica que el arrendatario le impide el acceso a su propio local. Este jueves se ha pronunciado por última vez el juzgado, que insta la mercantil arrendataria a que tolere la ejecución de tales obras, para que repongan la fachada a su estado anterior, retirando la salida de humos instalada y que si no cumple lo ordenado, el ejecutante podrá pedir que se le faculte para encargarlo a un tercero, a costa del ejecutado, o reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios.

Mientras tanto, los vecinos han dirigido un escrito al consistorio solicitando que revoque la licencia de actividad al local, al considerar que desarrolla su labor con un sistema de salida de humos declarado como ilegal. En su petición, responsabilizan al ayuntamiento de «permitir una licencia a un local que tiene una salida declarada por el juzgado ilegal, y a la que se le volvió a conceder una licencia de obra con la clara intención de vulnerar la ejecución de dicha sentencia, siendo previamente el ayuntamiento y técnicos de urbanismo conocedores de las sentencias y del incumplimiento del local de las mismas que han sido documentadas por registro de entrada».

Los vecinos no entienden como a estas alturas «ustedes siguen permitiendo que los vecinos nos traguemos los olores y humos nocivos salidos de una cocina industrial, que entran en nuestra casa por las ventanas y se filtra por los shunts de respiración de garaje y baños dejando a las viviendas sin aire limpio con el que respirar. Olor fácilmente detectable incluso a pie de calle».

Por todo ello, solicitan otra vez al consistorio «la nulidad de la licencia para el cese inmediato de los olores, y ordenar el desmontaje de toda la instalación de extracción, y cierre de las salidas a fachada tal como ordena el juez para el riguroso cumplimiento de una sentencia firme y unánime de tres instancias judiciales, que vulnera derechos fundamentales constitucionales de más de una docena de propietarios afectados».

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