La Sindicatura de Comptes hizo público ayer el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Requena relativo a los ejercicios de 2017, 2018 y 2019 y el resultado al examen financiero es positivo: ha obtenido un 78,5 % de la puntuación máxima posible. Sin embargo, el organismo que dirige Vicent Cucarella subraya 36 deficiencias que deben corregirse para conseguir un resultado óptimo en el control interno de la institución. De los cuatro ámbitos analizados, el más deficiente es el entorno tecnológico (61,9 %) y todo lo referente a sistemas de seguridad informáticos, mientras que el más eficiente es el departamento de Intervención (84,6 %), la gestión administrativa (81,2 %) y la gestión económico financiera (75,2 %).

Entre las 36 salvedades al notable que ha sacado el ayuntamiento, el síndic destaca que no exista un plan de inversiones en el periodo analizado de 2017 a 2019 y que cuando esas inversiones sin planificadas, se estima su financiación posterior. Además, lamenta que no se suministre información al Pleno de la entidad sobre la ejecución de los presupuestos ni sobre los movimientos en tesorería.

También apunta a la falta de conciliación entre el inventario y la contabilidad, por un lado, y por otro, entre los datos de las cuentas de recaudación y la contabilidad municipal. Además, en 2017, el síndic resalta que no se cumplió con el objetivo de regla de gasto en la liquidación del presupuesto de ese ejercicio.

En cuanto a la protección de los bienes municipales, se critica que el inventario no esté actualizado ni incluya todas las pertenencias del ayuntamiento. «El pleno no ha verificado ni las rectificaciones anuales, ni la comprobación en la última renovación de la corporación», dice el informe. Además, añade que ese incumplimiento legal supone una debilidad «muy importante» del control interno por la falta de protección de bienes.

Mientras, la sindicatura se extiende en las deficiencias tecnológicas del ayuntamiento: no se dispone de mecanismos que controlen el acceso de dispositivos físicos no autorizados, no hay herramientas para comprobar periódicamente que la configuración de los servidores, ordenadores o móviles corporativos hayan sido modificados y tampoco hay una política de contraseñas de los usuarios o el uso nominativo de las cuentas.

Todas ellas representan «un riesgo para la fiabilidad de la información económico financiera, la protección de los activos, el cumplimiento de la normativa aplicable y el adecuado funcionamiento de la entidad», dice el informe.