La Diputación de València valora en 416.059 euros las pérdidas económicas si la construcción de la variante sur de Pedralba vuelve a paralizarse indefinidamente. Así se desprende del informe realizado por los técnicos donde se computan todos los gastos y las indemnizaciones que conlleva la no construcción de esta vía, que busca sacar el tráfico pesado del centro de Pedralba. Solo la indemnización al contratista de la obra supone 152.117 euros y hay otros 112.414 euros invertidos en la fase de expropiaciones que se inició cuando se aprobó la prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental, el pasado 30 de julio. El resto se divide en gastos por rescisión de contratos, alquileres y avales financieros.

Hay que destacar los 135.000 euros que la Diputación de València destinó en la fase de estudios previos y proyectos. El estudio de planeamiento de la variante costó 20.650 euros; el valor del contrato firmado con la UPV para el estudio de la obra se elevó hasta los 58.000 euros y para el proyecto de construcción de la variante se invirtieron 56.850 euros.

Por todo ello, en la Diputación de València no se concibe la realización de un estudio alternativo al proyecto que ya existe y que fue aprobado desde el principio. Creen que es «inviable» buscar otro trazado porque, de hecho, en el momento de redacción del proyecto ya se hizo y el proyecto actual fue la única opción viable.

Sin embargo, el planteamiento de la infraestructura se enfrenta a la oposición de En Defensa del Paisaje de Pedralba, un colectivo ecologista que interpuso un recurso a la prorrogación de la Declaración de Impacto Ambiental. La Conselleria de Agricultura y Emergencia Climática lo tomó en consideración y suspendió cautelarmente la DIA, de forma que las obras están paralizadas. En Pedralba, su alcaldesa, Sandra Turégano, exige una respuesta motivada por parte de la conselleria, a quien podría llevar a los tribunales de no justificar el parón de las obras. Mientras, en el departamento que dirige Mollà, no entran a valorar las declaraciones de la alcaldesa y aseguran que están estudiando el recurso de los ecologistas, por lo que piden «prudencia».