En Calicanto hay, en estos momentos, siete viviendas okupadas en las tres urbanizaciones que la componen: Cumbres, San Miguel y Santo Domingo. Son dos casos más respecto a 2019, un leve incremento que las autoridades las achacan a las consecuencias de la crisis económica derivada de la pandemia por la covid-19.

Las siete viviendas afectadas son propiedad de entidades bancarias y fondos buitres. Es la razón por la que no se han practicado desahucios exprés, tal como marca la ley si la okupación se produce en una vivienda privada, bien sea de primera o segunda residencia. En este caso, la mayoría de estas casas allanadas están en el PAI G3 de San Miguel, en la zona alta de Calicanto, donde se quedó a medio hacer la construcción de una promoción inmobiliaria de unifamiliares dentro del término municipal de Chiva.

En Calicanto son siete las viviendas okupadas, solo dos más de los casos registrados en 2019, que fueron 5 okupaciones. Ahora, en todo el término municipal de Chiva hay 22 viviendas allanadas, no solo en Calicanto, si no también en otra urbanización, Las Pedrizas, donde también hay un alto número de chalés a medio hacer. Las otras diez okupaciones están diseminadas por todo el término chivano.

Los vecinos de Calicanto se manifestaron el 26 de septiembre por las calles de la urbanización para denunciar el «abandono» del consistorio por las «decenas» de okupaciones que se estaban produciendo. La manifestación terminó frente a una casa ocupada ilegalmente por una pareja con un niño pequeño.

El Ayuntamiento de Chiva ha mostrado su compromiso en reiteradas ocasiones en evitar este tipo de situaciones gracias a la colaboración entre la Policía Local de Chiva y la Guardia Civil, que han evitado hasta cinco ocupaciones ilegales desde enero, en Serra Perenxisa y en Las Pedrizas, siempre gracias a los avisos de los vecinos. Se trata de dos casas en la calle Puerto de Guadarrama y otras dos en la calle Sierra de las Águilas, además de una en la vía Puerto de Contreras.

Desde enero de 2019, se han tramitado un total de 18 denuncias por viviendas okupadas, mientras que desde el 1 de junio de 2020 hasta el 1 de septiembre se han producido 10 diligencias.