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El juez impone 1,7 millones de fianza a los acusados en la trama del agua de Calp

El exedil del PP Juan Roselló y su cuñado irán a juicio en la Audiencia de Alicante por urdir en 2004 la supuesta estafa de obras infladas y subcontratas

El exconcejal del PP de Calp Juan Roselló y, a la derecha, su cuñado, Francisco Artacho.

Quince años. Nada menos. Ese es el tiempo que ha durado la instrucción del caso Aguas de Calpe, una trama de contratos a dedo, costes inflados de obras y de dinero público desviado a empresas fantasma que supuestamente urdieron el exconcejal del PP y exdiputado provincial Juan Roselló y su cuñado, Francisco Artacho, y en la están implicados dos directivos de la empresa mixta Aguas de Calpe, Francisco Zorilla y Alberto Mut, y los responsables de las contratas y subcontratas que cobraron y no dieron un palo al agua (Jesús Lara, Victoriano Sánchez, Salvador Ibarra y Antonio Ramón Céspedes). Un millón de euros de los 3,7 que pagaron vía tarifas los vecinos se perdió por el camino

Ahora un juez de Dénia ha dictado el auto de apertura de juicio oral, que se celebrará en la Audiencia de Alicante. También ha impuesto fianzas que suben a 1.752.342 euros a los ocho acusados de los delitos de prevaricación administrativa y de estafa continuada. 1,3 millones de fianza son para resarcir al Ayuntamiento de Calp. Este parte corresponde abonarla a Roselló, Artacho, los dos directivos de Aguas de Calpe y a Jesús Lara, que era el administrador de la empresa de buzoneo (sí, se dedicaba a repartir publicidad) que, un mes antes de que la empresa mixta le adjudicara sin concurso las obras de la red del agua presupuestadas en 5,2 millones (luego se rebajaron a 3,7 millones, ya que estaban escandalosamente hinchadas), cambió su objeto social y su nombre. Adoptó la pomposa denominación de Obras Hidráulicas de Levante (OHL) para simular una solvencia que no tenía. La empresa de buzoneo se convirtió en el primer eslabón de la cadena de subcontratas. Aguas de Calpe y OHL figuran en el auto del juez como responsables civiles subsidiarios. Les hubiera tocado apoquinar si los acusados no hubieran depositado en el juzgado de Dénia (ya lo han hecho) el aval.

El juez también fija para el exedil del PP y su cuñado, así como para Jesús Lara, Antonio Ramón Céspedes, Victoriano Sánchez (de OHL firma que dominaba en la sombra Artacho) y Salvador Ibarra, gerente de Montubo Obra Civil, otra subcontrata, una fianza de 306.542 euros que es para indemnizar a la mercantil Exca-Gata y otra de 104.180 euros para Vives Dalmau. Estas dos empresas fueron las que de verdad dieron el callo. Hicieron las obras y no cobraron.

El gerente de Exca-Gata, Nicolás Agudo, ha perseverado para que esta causa, que llegó a archivarse de forma provisional en 2011, siguiera viva. Agudo tiene ahora 66 años. Le arruinaron. Le dejaron a deber 245.233 euros. Ese agujero le obligó a liquidar la empresa. También perdió la salud. Llegó a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial. Los imputados bloqueaban con recursos la causa. No avanzaba. Han tenido que pasar 15 años para que el titular del juzgado número 1 de Dénia terminara la instrucción y dictara el auto de apertura de juicio oral. La fecha en la que se celebrará la vista todavía no se ha señalado.

Agudo no ha tirado nunca la toalla. Y ahora incluso el ayuntamiento podría recuperar el millón que supuestamente se embolsaron los acusados al inflar el coste de las obras. La renovación de la red del agua salió del bolsillo de los vecinos. El ayuntamiento les subió las tarifas para pagar unos trabajos adjudicados a dedo en 2004 por Aguas de Calp (Roselló formaba parte del consejo de administración) a una empresa de buzoneo que dirigía su cuñado.

El exedil del PP y Artacho, supuesto conseguidor de contratos públicos, también están imputados en la trama de mordidas de la basura de Calp, que es una rama del caso Brugal.

«Los implicadostienen mucho poder; el daño está hecho»

«Los implicados tienen mucho poder. Han recurrido sin parar y han conseguido retrasar la instrucción al máximo. El daño, tras 15 años, está hecho». Nicolás Agudo, el empresario que hizo las obras del agua y al que estafaron (le dejaron a deber 245.233 euros y, arruinado, tuvo que liquidar su mercantil), lamentó ayer que la justicia sea «tan lenta». Es, junto a los vecinos de Calp, que pagaron vía tarifas un millón de euros que «voló», el gran perjudicado en esta estafa. Reconoció, eso sí, que es un pequeño triunfo que, por fin, el juez dicte la apertura de juicio e imponga una fianza millonaria a los acusados.

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