La Audiencia de Alicante inicia el martes el juicio por la supuesta trama de contratos amañados y fraccionados en la Vall de Laguar. Están imputados por malversación y prevaricación administrativa el exalcalde Francisco Gilabert, del PP, el funcionario que presuntamente había creado la consultaría (familiares suyos figuraban como directivos) que recibía a dedo los contratos municipales, y el entonces secretario interventor, dado que no puso ningún reparo a esa irregular práctica.
El Fiscal pide 6 años de cárcel para Gilabert y el funcionario y tres para el secretario, al que considera cómplice de los amaños. El escrito de acusación incide en que desde 2009 a 2011 el entonces alcalde (acababa de llegar al poder gracias a una moción de censura que apoyó un edil no adscrito elegido por ERC) encargó sin concurso contratos públicos de asesoría jurídica y contable a una sociedad creada por el funcionario, quien puso como directivos a familiares. Los contratos siempre eran menores de 18.000 euros. La sección de delitos económicos de la Fiscalía llegó a la conclusión de que la empresa adjudicataria abultaba la facturación de los trabajos.
El juicio se prolongará durante el miércoles y el jueves.
Gilabert, tras la moción de censura que desbancó al socialista Juanjo Puchol y le dio la alcaldía, fue munícipe hasta 2019. En esas elecciones, Carles Mengual, de Compromís, logró la mayoría absoluta y cinco ediles. El PP se quedó con dos.
