Un guardia civil de 45 años, perteneciente al cuartel de Sant Mateu, ha sido condenado por un delito de tráfico de drogas y expulsado de la Benemérita, según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico. Pese a los recursos interpuestos por el procesado, tanto el Juzgado de lo Penal 1 de Vinaròs, como la Audiencia Provincial de Castellón y la sala de lo militar del Supremo han confirmado el año y dos meses de cárcel y multa de 16.000 euros.

La Justicia declara probado que el agente pertenecía a una red de distribución de marihuana que en el año 2012 operaba en la zona norte provincial. El equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) inició una investigación y constató que el guardia civil y otros dos acusados eran integrantes de la trama.

Según considera acreditado el tribunal de origen, la red tenía una nave induastrial de la partida Cervellona de Benicarló que utilizarían como guardería para ocultar la sustancia. Con todos estos datos, los investigadores solicitaron las correspondientes autorizaciones judiciales para practicar varios registros. El 15 de enero del 2013 entraron en la citada nave industrial, donde hallaron 110 macetes de diversas dimensiones, cuatro cajas llenas de una sustancia verdosa y un capazo con cogollos de marihuana. Analizado todo ello, resultó ser cannabis con un peso total de 2,75 kilos.

Posteriormente, los agentes también entraron en casa habitual del guardia civil ahora condenado, en Santa Magdalena de Pulpis. Asimismo, casi de forma simultánea accedieron a la vivienda que el procesado tenía adjudicada en el acuartelamiento de Peñíscola. En el interior de estos domicilios hallaron: dos teléfonos móviles con tarjetas SIM y dos pendrives, pero no así droga.

Según reza la sentencia, la sustancia incautada por los miembros del EDOA habría tenido en el mercado un valor de 14.540 euros al menudeo. Además, los agentes intervinieron 353 euros procedentes del tráfico de estupefacientes.

Uno de los cómplices del guardia civil sufría un trastorno relacionado con el consumo de sustancias y el otro compinche colaboró con la fuerza policial en el hallazgo de la droga.

La defensa del guardia civil solicitó que no se le separara del servicio, decisión que consideraba excesiva y pidió solo seis meses de suspensión de empleo. Su recurso ha sido desestimado.