Alboraia, año 1991. El pleno municipal saca adelante su primer Plan General de Ordenación Urbana, gracias a los votos del gobierno Unió Valenciana-Partido Popular, más el respaldo del PSOE. Tres décadas después, la oposición en bloque (PP, IU, Compromís, Cs, Podem y Vox) ha tumbado la propuesta del ejecutivo socialista de un plan general, prolongando durante al menos cinco año más la vigencia del documento nacido en los noventa.
Cuando el pleno que presidía Vicente Cabo Domingo (UV) dio luz verde al PGOU, Alboraia apenas alcanzaba los 12.000 habitantes. Tenía dos centros educativos (Cervantes y Ausiàs March) y un instituto de FP en la Patacona. El documento urbanístico empezó a gestarse en 1984 y meses antes de su aprobación fue suspendido por la comisión territorial de Urbanismo al detectar varias anomalías, entre ellas el rechazo a la construcción de un acceso desde el polígono a la A7, la calificación como urbana de una zona Vera y la ubicación de la futura depuradora de aguas residuales.
Treinta años después, Alboraia tiene un censo cercano a los 25.000 habitantes. La curva ascendente del padrón se ha sustentando en dos áreas: el entorno de la estación de Palmaret, en el casco histórico, y en la Patacona, al otro lado de la V-21. Ambas zonas estaban incluidas en la programación de 1991 para la expansión de la localidad de la chufa. Pero ese mismo documento urbanístico no contempló los equipamientos públicos necesarios para dar servicio al crecimiento poblacional que se registraría, y sigue con dos centros escolares y el instituto de la Patacona, todos anteriores 1991. Solo el nuevo centro de salud en Palmaret, aprovechando el PAI desarrollado con el soterramiento del metro, ha aumento las dotaciones de Alboraia.
Esa falta de equipamientos fue el detonante, entre otros factores, para impulsar otro PGOU. Fue en 2005 con el popular Manuel Álvaro en la alcaldía. El documento final incluía una polémica macrooperación urbanística con el traslado del centro comercial a la huerta protegida de Vera y la creación de una niueva marina. Tampoco este planeamiento pudo completar su tramitación y, en 2011, la izquierda del PSOE, Compromís con UPPA y Cialbo arrebataron la alcaldía a los populares. El cuatripartito decidió aprovechar el texto, pero puliéndolo a su manera. Principalmente, reduciendo la afección sobre la huerta y buscando suelo para dotaciones, sobretodo educativas.
Tras tres lustros de trámites y dos exposiciones públicas, el PSOE de Miguel Chavarría acudía el pasado miércoles en minoría a la comisión extraordinaria de Urbanismo en la que se debía dictaminar sobre las alegaciones presentadas a su propuesta de PGOU. Era el paso previo a su aprobación por pleno y su remisión a la Conselleria de Territorio para su validación definitiva.
El plan incluía, a grandes rasgos, la protección del 75% de la huerta (unos seis millones de metros cuadrados) y la obtención a través de aprovechamientos urbanísticos de suelo para la construcción de tres colegios, un instituto y un centro de salud. También se pretendía garantizar viviendas públicas en las nuevas promociones (un 30%), la protección de las casas tradicionales del centro y la ampliación del polígono.
Falta de consenso y diálogo
Pero toda la oposición votó en contra, entre otros motivos, por la falta de diálogo y consenso de los socialistas en su confección y la destrucción de la huerta, pese a reducir el impacto inicial. Con el veto, el plan ha sido abocado a su caducidad, ya que el plazo del texto expiraba a finales de año.
Ahora, Alboraia mantendrá vigente el PGOU del 91 por otros cinco años, plazo estimado para la tramitación de un nuevo documento. Seguirá habiendo solo dos colegios y únicamente está previsto un IES en la Patacona al modificar un suelo deportivo por uno educativo.
Cuatro millones más para la deuda municipal
La no aprobación del PGOU provocará que el consistorio tenga que indemnizar con unos 4 millones a los propietarios de suelo con los que convenió la cesión de terrenos en Palmaret a cambio de aprovechamientos urbanísticos en sectores que se desarrollarían con el futuro PGOU, ahora caducado. Esta frustrada operación se suma a la del soterramiento del metro, por la que Alboraia deberá pagar a la Generalitat unos 55 millones en 39 años. El consistorio también debe resolver el conflicto por el PAI en Port Saplaya donde la promotora adelantó 24 millones, que el PP se gastó y el PAI no se ejecutó.
