Teresa Albendín/P.F., Alzira La alcaldesa de Carcaixent, Lola Botella (PP), ha renunciado a cobrar sueldo municipal después de la polémica suscitada a raíz de la elevada cantidad que podría percibir al sumar la retribución del ayuntamiento y la que cobrará como diputada autonómica. La propuesta inicial del gobierno popular fijó un salario de 37.800 euros anuales para la alcaldesa por su dedicación parcial al ayuntamiento. Además, Botella puede percibir hasta 51.000 euros brutos al año por su trabajo como diputada. La oposición criticó que con la suma de ambas cantidades Botella pudiera cobrar hasta 88.000 euros anuales.

Tras el debate suscitado, la alcaldesa optó por echar marcha atrás y, pese a tener mayoría absoluta, dejó sobre la mesa su propuesta de sueldos en el pleno de julio. Ahora ha decidido no cobrar los 37.000 euros del consistorio y sólo percibir retribuciones por su asistencia a órganos colegiados. Botella aseguró que ha tomado esta decisión para evitar «polémicas interesadas» y «algunas críticas miserables que se han manifestado en los últimos meses, dejando claro que no estoy y nunca he estado aquí por dinero».

Por otra parte, el PSOE y el Bloc quieren aprovechar la mayoría que ostentan en el Ayuntamiento de Corbera después de que un fallo del Tribunal Constitucional modificara la composición del consistorio al anular una papeleta rayada que supuso la entrada de un tercer edil del Bloc en detrimento de un concejal del PP, que perdía la mayoría absoluta, y están dispuestos a revisar los acuerdos adoptados hasta ese momento por el equipo de gobierno del popular Leopoldo Hernán, que ahora se encuentra en minoría.

Los seis concejales de la oposición han presentado un escrito en el que solicitan a Hernán que convoque un pleno extraordinario en el que pretenden regular la celebración de una sesión ordinaria al mes, cuando al PP ha fijado una periodicidad trimestral; plantean una reducción de las retribuciones del alcalde de forma que pasen de los 2.750 euros mensuales brutos aprobados a 2.160 y reducir al 30 de septiembre el período de dedicación exclusiva concedido al concejal de Agricultura, Álvaro Caballero, que el PP asignó hasta el 31 de diciembre.

También se pretende forzar la creación de comisiones informativas -una permanente y otra de urbanismo- para propiciar un mayor estudio de las cuestiones que se elevan al pleno y modificar la composición de la Comisión Especial de Cuentas, única que el PP ha creado y en la que tiene ahora mayoría y que, según la propuesta de la oposición, debe mantener la proporcionalidad de los grupos políticos.