Francesc Arabí, Valencia

El debate de política general que empezó el martes a la hora del almuerzo en las Cortes Valencianas cumplió ayer sus primeras 72 horas en circulación por la senda del cemento. El contraste de pareceres entre Consell y PSPV en torno a las condiciones para acordar las reglas del juego en torno al monocultivo del ladrillo sirvió para constar el desencuentro entre los dos grandes partidos. Porque el líder socialista, Joan Ignasi Pla, exigió, como condiciones para sentarse a negociar, la revisión de las dos leyes aprobadas por «la apisonadora» de la mayoría absoluta del PP (la LOT y la del Suelo No Urbanizable) y la retirada de la Ley Urbanística Valenciana (LUV). Y el presidente Francisco Camps solo se mostró dispuesto a negociar «artículo por artículo» esa ley.

Rota cualquier posibilidad de acuerdo, el miércoles Camps adosó una disposición sobrevenida a retocar esas dos leyes y, a través del portavoz parlamentario Serafín Castellano, hizo llegar la oferta al PSPV. Acto seguido, aventó la idea de que los socialistas aceptan reunirse para negociar. Ayer, Joan Ignasi Pla compareció visiblemente molesto con el Consell y flanqueado por el portavoz de economía en el Congreso, Ricard Torres, y por el responsable del área en el partido, Enrique Villarreal, para hablar de presupuestos, pero no pudo evitar referirse al urbanismo. Encaró las baterías hacia el conseller Rafael Blasco, quien, con los perfiles más o menos remarcados, siempre está en el telón de fondo del debate de política general. Si Camps hizo un modificado de discurso, Pla reforzó un argumento que, si bien fue reiterado el martes en las Cortes, no había alcanzado el lustre necesario para ser considerado como condición irrenunciable para el pacto: O Rafael Blasco desmonta la red de empresas mixtas con participación pública -a través del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa)- que están construyendo por toda la geografía valenciana o «no tenemos más que hablar». «Nunca el conseller del ramo se había convertido en el principal agente urbanizador de la Comunidad Valenciana». Lo dijo en las Cortes y ayer subrayó el argumento de que la política de Blasco (con el que el PSPV pactó la política de residuos) es un escollo insalvable.

PAI semipúblicos de norte a sur

«En dos años, esas empresas mixtas con capital mayoritariamente privado» han presentado PAI para edificar «miles y miles de metros cuadrados» en ciudades como Manises, Catarroja, Borriana, Betxí o Alicante. El Consell justifica la participación en estas promociones con el argumento de que la mitad de las viviendas se reservan para VPO, pero la oposición sostiene que un conseller no puede meterse a presidir empresas que contribuyen a la «depredación del territorio». El líder socialista acusó al PP de pretender «generar confusión interesada» y de actuar de muy «mala fe» por atribuirle al PSPV un cambio de criterio respecto a su voluntad negociadora.

«Quién tiene oscuros intereses»

Así explicó el intento de aproximación: «A mi Castellano me dijo que el presidente estaba dispuesto a modificar las tres leyes y yo le dije que lo trataríamos en la ejecutiva y la semana que viene le contestaría». Tras consultar con los miembros de la permanente, Pla adelantó el unos días el no. En devolución de adjetivos brindados por Camps en el debate preguntó «quién tiene oscuros intereses». Recordó que la primera proposición no de ley presentada por su partido esta legislatura fue para cambiar la LRAU y que el PP rechazó las 200 enmiendas que presentaron a la LOT y a la Ley del Suelo No Urbanizable.

Preguntado por el interés de promotores y constructores en el pacto, Pla afirmó que «quieren un marco de estabilidad y seguridad» para sus inversiones. «Yo les he dicho que no se preocupen y que nuestro modelo da tranquilidad y seguridad», concluyó. La secretaria general del PP, Adela Pedrosa, insistió en pedir al PSPV que se ponga «a negociar ya» en «beneficio de todos los ciudadanos y de la Comunidad Valenciana». Y Castellano acusó al socialista de poner «excusas de mal pagador» para no negociar.