Africa Prado, Alicante
El sindicato UGT presentó ayer en la Oficina de Extranjeros la primera solicitud de regularización por arraigo laboral en la provincia de Alicante, una nueva figura contemplada en el Reglamento de la Ley de Extranjería que entró en vigor el pasado 8 de agosto.
La petición corresponde a un trabajador inmigrante argentino, Fernando Ariel Perera, de 32 años, que quedó excluido del último proceso de normalización por su patrón, quien le despidió después de que el trabajador protestara al haberle restado del sueldo 400 euros para regularizarle. El trabajador denunció su despido por improcedente y el Juzgado de lo Social número Siete de Alicante le ha dado la razón en una resolución judicial que constata su vínculo con la empresa, un requisito imprescindible para solicitar la regularización por arraigo laboral. La dificultad de esta nueva fórmula de normalización excepcional reside en que el solicitante debe acreditar, entre otros requisitos, dos años de estancia continuada en España y una relación laboral en la economía sumergida de al menos un año mediante resolución judicial o acta de infracción de la Inspección de Trabajo.
El joven decidió denunciar su despido a pesar de su situación de desventaja tras haber trabajado en la clandestinidad durante casi tres años. Sin embargo, el argentino ha presentado 84 documentos con los que probar su vínculo con la empresa de construcción.
