Levante-EMV/Europa Press, Valencia
La portavoz de la Federación de Nacional de Comunidades de Regantes de España, Carolina Morales, instó al Gobierno a que «agilice» las obras contempladas en el Plan Hidrológico Nacional para «garantizar la subsistencia de la actividad agraria», después de que el Ejecutivo no aprobara en su última reunión el trasvase de agua de riego del Tajo al Segura.
Morales insistió en que si se realizan estas obras, las sequías que vengan en un futuro serán «más llevaderas» y no tendrán que esperar decisiones puntuales como la del trasvase del Tajo al Segura. En ese punto, hizo hincapié en que una de las soluciones a la sequía siguen siendo los «trasvases inter-cuencas», así como la construcción de obras de regulación.
El Consejo de Ministros decidió trasvasar 39 hectómetros cúbicos hacia Murcia, pero sólo para consumo humano, a la espera de que se produzcan precipitaciones que, en el caso de que no se sucedan, puede unirse a un trasvase de ayuda para los frutales y hortalizas del Segura.
Por último, sobre una de las medidas promocionadas por la titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, como es la desalación de agua de mar para potabilizarla y usarla en zona de riego, Morales puntualizó que sólo puede ser «complementaria» para paliar los problemas de abastecimiento, pero «no debe ser la única medida».
«Decisiones a favor de toda España»
También el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se refirió ayer a la polémica sobre la decisión del Gobierno respecto a los trasvases del Tajo-Segura y del Júcar-Vinalopó, así como la decisión de paralizar el trasvase del Ebro, afirmando que «son decisiones de un Gobierno cicatero y menor y que no toma decisiones».
Camps aseguró que «el día que tengamos un Gobierno en España con grandeza y con capacidad de tomar decisiones a favor de toda España, el trasvase del Tajo al Segura no será un problema porque se trasvasará los hectómetros cúbicos que realmente hacen falta y que se pueden trasvasar y el trasvase del Júcar al Vinalopó se trasvasará como está previsto y además se hará el trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería».
Por su parte, el diputado nacional del PP, Alberto Garre, calificó la decisión del Consejo de Ministros de «injusta, socialmente insolidaria y políticamente sectaria» con la Región de Murcia que «provocará efectos perniciosos como la pérdida de las cosechas, de miles de jornales y de cuatro millones de arbolado, propiciando la quiebra de 70.000 familias de Alicante y Murcia».
Por el contrario, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Roberto Sabrido, destacó la importancia de la trasvasar agua del Tajo al Segura sólo para consumo humano. A su juicio, de no haberse dado esta resolución, y se hubieran concedido una cantidad de hectómetros más elevada, el consumo humano «se hubiese comprometido» no sólo en Castilla-La Mancha sino también -«estamos convencidos» dijo- en la zona de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería
