Europa Press, Valencia
La titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Llíria ha citado a declarar a cinco persones más como imputadas y a otros tres testigos en relación en relación con la residencia tutelada de l$27Eliana, donde dos ex empleadas fueron detenidas y encarceladas hasta ayer, que salieron de prisión tras pagar una fianza de 6.000 euros. Se las considera presuntas autoras de los delitos de trato vejatorio y denigrante, malos tratos físicos y psíquicos, y detención ilegal de los enfermos mentales que residían allí.
La juez dictó ayer un auto de libertad provisional de las dos detenidas, R. P. S., de 45 años, ex directora del centro, y N. R. B., de 29 años, y ex trabajadora. Las detenidas, en prisión desde su detención, pagaron una fianza impuesta por el juzgado posteriormente a su auto de ingreso en prisión, por valor de 6.000 euros. Fuentes del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, las dos mujeres tienen obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
En la calle desde el jueves
Las dos imputadas salieron de la prisión de Picassent la tarde del jueves, según fuentes de la institución penitenciaria. Ambas ingresaron en prisión el pasado 7 de septiembre por orden de la juez, que entonces acordó su ingreso provisional en prisión, comunicada y sin fianza. La titular del número tres de Llíria ha decidido dejarlas en libertad tras el pago de una fianza.
Por otra parte, ha citado a declarar los días 9 y 10 de noviembre a cinco persones en calidad de imputadas, y a tres como testigos, entre las que se encuentra el actual director.
Según ha informado la Guardia Civil, en la residencia tutelada para enfermos mentales Santa María de la Cañada, de l$27Eliana, se producían malos tratos a los residentes desde 2003 hasta diciembre de 2004, fecha en la que se vendió el centro. Las investigaciones determinaron la existencia de un espacio que los enfermos llamaban «zulo», donde los escondían cada vez que había una inspección de la Dirección General de Integración Social de Discapacitados.
Una denuncia de una de las detenidas al actual director por falta de pago de una mensualidad tras la cesión del centro, permitió descubrir el caso. La policía halló indicios en la declaración y en las pruebas aportadas por el nuevo director que llevó a la detención de las dos mujeres.
