J. V. Pérez, Valencia
El sector de la hostelería en la Comunidad Valenciana está profundamente preocupado por las consecuencias que la entrada en vigor de la ley antitabaco, el próximo mes de enero, pueda tener sobre las alrededor de 17.000 empresas que se verán afectadas Alicante, Castelló y Valencia. De hecho, fuentes de la Federación Valenciana de Empresarios de Hostelería adelantó ayer a Levante-EMV que está preparando una campaña de movilización social en todo el país con el objetivo de que el Gobierno central, que es quien tramita la futura ley a instancias del Ministerio de Sanidad, modifique algunos de sus contenidos. La federación ve «imposible» que los empresarios puedan cumplir la ley tal como está planteada actualmente.
En este sentido, fuentes del sector en la Comunidad explicaron que la campaña, en la que participan por el momento una veintena de asociaciones de hostelería de toda España, estará basada en «mensajes directos», aunque por el momento, las mismas fuentes prefirieron no desvelar en qué consistirían exactamente. Lo que sí parece claro, es que los hosteleros no recurrirán a las manifestaciones en la calle.
Por el momento, los hosteleros están trabajando en la elaboración de un calendario que les permita fijar una línea de trabajo y concretar las actuaciones a desarrollar. La apertura de un nuevo período de enmiendas a la ley antes de que llegue al Senado, después de que el miércoles pasado obtuviera el respaldo de todos los grupos políticos en la Comisión de Sanidad del Congreso, deja una puerta abierta al sector para seguir intentado que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero haga nuevas concesiones ante las diferentes propuestas que desde el sector se han venido realizando. Una de las demandas sobre las que más hincapié hicieron las fuentes consultadas por este diario fue la de que en lugar de optar por la separación física mediante paredes en los locales para crear zonas destinadas a los fumadores y otras, a los no fumadores -así los establece la ley- desaparezca de la futura ley, y que en su lugar, se apueste por recursos tecnológicos de última generación que, según los hosteleros, permiten la creación y protección de zonas libres de humos. Otras de las reivindicaciones que desde el sector se hace es que el Gobierno acepte una moratoria en la aplicación de la ley para que se pueda hacer de forma progresiva y durante un período de al menos, dos años.
