L. B., Valencia

La legalidad o ilegalidad de los métodos que ha empleado el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) para elegir a las empresas promotoras con las que urbanizar millones de metros cuadrados para construir viviendas abrió ayer un nuevo capítulo de enfrentamientos entre el PP y el PSPV. Como ayer publicó Levante-EMV, dos informes jurídicos -uno de ellos encargado por los socialistas- concluyen que la empresa pública dependiente de la Conselleria de Territorio se ha saltado la ley de contratos de las administraciones públicas (LCAP) al elegir a los socios privados «sin publicidad ni concurrencia».

Al respecto, el gerente del IVVSA, José Fermín Doménech, negó a este periódico que exista una sola ilegalidad y sostuvo que «los informes jurídicos de la asesoría y el departamento jurídico técnico del IVVSA, formado por trabajadores con más de quince años de experiencia, avalan la legalidad de las empresas mixtas», al igual que «un dictamen de un magistrado de lo contencioso-administrativo» por lo que «no existe ninguna posibilidad de ilegalidad».

No opinan de igual forma en el PSPV. El responsable de Política Territorial, Eugenio Burriel, aseguró a Levante-EMV que «estamos ante unos hechos de enorme gravedad. La administración pública [IVVSA y la Conselleria de Territorio] encargada de hacer cumplir la ley estaría incumpliéndola en principios básicos como la libre concurrencia del estado de derecho y la economía de mercado como son la publicidad, transparencia y libre concurrencia».

Según Burriel, todos los datos que manejan «parecen apuntar a un montaje organizado desde el IVVSA y la Conselleria de Territorio para repartirse el negocio urbanístico entre unas pocas empresas, escogidas como socios privilegiados frente a las demás, con un procedimiento que no respeta las exigencias legales de publicidad y transparencia». «¿Por qué? -se pregunta el miembro de la ejecutiva socialista- ¿Qué obtiene el conseller a cambio?»

El responsable de Urbanismo del PSPV-PSOE insta al presidente del Consell, Francisco Camps, a «consultar de inmediato a sus servicios jurídicos que, sin duda, le confirmarán la ilegalidad de estas actuaciones de Rafael Blasco. ¿Qué va a hacer entonces Camps, va a mantener estas empresas y a quien las ha impulsado?». Y añade: «Ahora los ciudadanos pueden entender por qué el PSPV no puede pactar nada con quien incumple de esta manera la legalidad». Por último, los socialistas advierten de las graves consecuencias que para la Generalitat y la seguridad jurídica pueden tener estas actuaciones. «Si estas empresas son, como dicen los informes, nulas o anulables de pleno derecho, habrá que hacer frente a los posibles recursos de los afectados, propietarios, vecinos, grupos políticos y competidores por esos programas de actuación integrada (PAI), adjudicados».

Pólvora mojada

El gerente del IVVSA, José Fermín Doménech, aseguraba en una nota de prensa que si los informes jurídicos sobre las empresas mixtas encargados por los socialistas «es la pólvora que tiene preparada el PSPV contra el conseller Rafael Blasco, ya está mojada y carece de todo sustento jurídico». Doménech añade que «la desesperación del PSPV-PSOE ha llegado a un extremo que utilizan informes hechos a medida y que, después de cuatro meses, filtran de manera interesada para tratar de desgastar al conseller de Territorio Rafael Blasco».

También terció en la polémica la secretaria general del PPCV, Adela Pedrosa, quien recordó que fue Eugenio Burriel «el primero que durante la gestión socialista creó las dos primeras urbanizadoras mixtas en nuestra Comunidad». Y añadió que preferirá «pasar por alto este detalle, teniendo en cuenta que no se deber haber recuperado todavía del estrepitoso fracaso que cosechó».