Efe, Valencia

El ex director de Gestión Económica de la clínica Casa de la Salud Manuel Antonio Ros dijo ayer que, después de que el ex director general de Salud Pública negara haber sido informado sobre los primeros contagios por hepatitis C en el centro privado un mes y medio antes de reconocer públicamente el brote, la Conselleria de Sanidad impidió que la clínica compareciera voluntariamente ante ella.

Ros, que alternó la gestión del hospital con su subdirección administrativa entre 1988 y 1999, fue el primero de los dos testigos que ayer comparecieron a petición del Ministerio Fiscal en el juicio contra el anestesista Juan Maeso. Ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, sostuvo que la dirección del centro privado solicitó «comparecer voluntariamente» ante la Conselleria de Sanidad, una petición que «nos fue negada», apuntó.

Según explicó Ros, La Salud adoptó esta decisión cuando, al iniciarse las diligencias por parte de la conselleria para determinar el origen del contagio, el ex director general Francisco Bueno negó haber mantenido una conversación telefónica con el catedrático de Microbiología de la Universidad de Valencia Juan García de Lomas el 3 de febrero de 1998 -un mes y medio antes de que la conselleria reconociera el brote de forma oficial- en la que le dio a conocer el contagio de cuatro pacientes del centro.

El subdirector médico del hospital entre 1994 y 1998, Vicente Costa, declaró que La Salud no hizo constar en su informe ante la Unidad de Evaluación Sanitaria y Calidad Asistencial (Uesca) que Lomas había realizado la llamada al director general siguiendo el consejo del abogado de la clínica y porque tampoco «se consideró relevante».

Por estas mismas razones, el documento de la clínica no establece que La Salud comunicó por primera vez oficialmente el contagio entre varios de sus pacientes el 3 de febrero, sino el 23 de marzo de aquel año, día en que la hermana Lucía Ibáñez llevó «en persona al señor Bueno» los resultados de los análisis encargados a un laboratorio de París.

Costa admitió que el hospital sólo estimó «relevante» informar de la conversación que Lomas mantuvo con Bueno cuando este último «comenzó a negarlo todo».

El testigo, al que la Conselleria le abrió expediente sancionador por no informar con anterioridad de los casos de hepatitis C, indicó que a partir del 23 de marzo la conselleria «paralizó todo» y que el informe que el centro encargó a Lomas sobre los procesos de esterilización no se concluyó.

Pese a ello, el contagio de los cuatro primeros pacientes, empleados de Telefónica, fue percibido desde el principio como algo «anormal» que no podía deberse a «un fallo en la cadena de esterilización», que «lo primero que produce es una serie de infecciones de carácter bacteriano», puntualizó.

Admitió que el cirujano de la Casa de la Salud que dio positivo en los análisis de hepatitis C fue intervenido por Maeso meses antes de conocer que había contraído la enfermedad. Sin embargo, Vicente Costa aclaró que no por ello se dejó de investigar a este facultativo como posible foco del contagio, toda vez que el doctor «hacía bastante tiempo que no aparecía por el centro al haber estado de baja» tras una intervención en esas fechas.