A. G., Valencia

Familiares, usuarios y personal de la Salud Mental denunciaron ayer la escasez de recursos para estos enfermos en la Comunidad y la política de «privatización» existente. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, colectivos vinculados con esta atención hicieron hincapié en el incumplimiento por la Generalitat del Plan de Salud Mental (2001-2004) y en la presencia de enfermos mentales en instalaciones diseñadas para otros grupos (geriátricos y centros de discapacitados psíquicos). La Conselleria de Bienestar Social replicó que en 1995 la red era «casi inexistente», mientras que a finales de este año la Comunidad contará con 1.526 plazas en centros para enfermos mentales crónicos, lo que representa, según Alicia De Miguel, «la mayor red de asistencia social para los discapacitados mentales de toda la historia de la Comunidad».

Sin embargo, los datos que aporta el presidente de la Federación Española de Agrupaciones de Familiares de Enfermos Mentales (Feafes) de la Comunidad, Alberto Roy, reflejan otra realidad. La citada fuente destacó que el Plan de Salud Mental recogía el compromiso de tener 8 psiquiatras por cada 100.000 habitantes y «estamos en 3,74». También preveía alcanzar el índice de tres trabajadores sociales para la misma población indicada y la realidad es que hay 0,48, recordó. Lo mismo ocurre, insistió, con los pisos tutelados: el plan hablaba de llegar a 800 plazas (20 por cada 100.000 ciudadanos) y hay un centenar. En cuanto a los centros de rehabilitación social, son un tercio de los considerados como idóneos en el plan, señaló.

La entidad concluyó en un manifiesto que la Comunidad «sigue a la cola» en estos recursos y lamentó la inversión «deficitaria» y la falta de coordinación entre las instituciones (Sanidad, Bienestar Social y las diputaciones). Por ello, reclamó fondos en 2006 para un plan de choque.

Asimismo, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Salud Mental exigió la puesta en marcha de una red de recursos residenciales de gestión pública que incluya viviendas tuteladas y supervisadas, pensiones concertadas y minirresidencias comarcales.

Además, instó a la «inmediata» elaboración de una orden que establezca la acreditación de los diferentes recursos y advierte de que estos servicios «no pueden ser llevados por empresas con ánimo de lucro» para evitar casos como el del centro de l$27Eliana, donde dos personas fueron detenidas acusadas de trato vejatorio a los internos.